Unión Europea impone sanciones a altos funcionarios de Venezuela

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La Unión Europea prohibió los viajes y congeló los activos de 11 altos funcionarios venezolanos el lunes, incluido el nuevo vicepresidente Delcy Rodríguez, presionando a los líderes de la nación para que lleven a cabo nuevas elecciones y regresen al gobierno democrático.

Las personas «incluidas en la lista son responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela», dijo la sede de la UE en un comunicado.

Venezuela respondió de inmediato, acusando a los líderes europeos de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y socavar la paz del país.

Las sanciones, que también apuntan al jefe del ejército y a un alto oficial de inteligencia militar, elevan el número total de funcionarios venezolanos bajo sanciones de la UE a 18. Cumple una amenaza presentada poco después de unas recientes elecciones presidenciales que, en general, se consideraban una farsa.

Venezuela debe respetar a todas las instituciones elegidas democráticamente, especialmente a la Asamblea Nacional, y liberar a todos los presos políticos, dijeron funcionarios europeos.

Crisis en Venezuela

Venezuela está sumida en una crisis política y financiera cada vez más profunda, marcada por la escasez de alimentos y medicinas, que hace que masas de residentes huyan a través de sus fronteras. Una amplia coalición de naciones en la comunidad internacional ha condenado a los líderes de Venezuela, acusándolos de utilizar los recursos de la nación para obtener beneficios personales.

Funcionarios en los Estados Unidos han sancionado a 70 funcionarios, incluido el presidente Nicolás Maduro.

Los líderes europeos dijeron que las medidas son reversibles y no están diseñadas para dañar a los ciudadanos de Venezuela. Los funcionarios dijeron que las medidas están destinadas a ayudar a fomentar soluciones democráticas a la crisis, alentar la estabilidad política y abordar las necesidades urgentes de los venezolanos.

Maduro llegó a la victoria el 20 de mayo en una elección boicoteada por los principales partidos de oposición y ampliamente condenada como ilegítima por los Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros.

El gobierno de Venezuela emitió una declaración llamando a la nueva medida europea un acto de «agresión continua» e «intervención», afirmando que no aceptará amenazas de ningún poder o grupo de países. Dijo que la Unión Europea está «socavando la paz política en Venezuela al entrometerse en sus asuntos internos y tomar medidas coercitivas que socavan la tranquilidad y el diálogo».

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