Transferencias federales aumentan la violencia en México

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A medida que la actividad delictiva organizada se ha ido descontrolando en México, dos administraciones federales no han podido recuperar el control por completo. Al menos, existe una conciencia cada vez mayor de que las instituciones nacionales de México no pueden resolver el problema. Sin embargo, hay poca discusión sobre por qué nuestras organizaciones a nivel estatal y local son ineficaces para hacer cumplir el estado de derecho. La importancia del federalismo fiscal mexicano en esta explosión de comportamiento criminal es notablemente subestimada.

En su estudio sobre la formación de estados europeos, el sociólogo y politólogo estadounidense Charles Tilly reconoció el papel vital de los impuestos en la organización y la capacidad del gobierno. Los países que tenían fácil acceso a fondos extranjeros, como España a principios del siglo XVII, se volvieron cada vez más frágiles porque nunca se vieron obligados a desarrollar la capacidad de extraer ingresos de sus poblaciones, una función que se ha convertido en la columna vertebral de las burocracias modernas.

Además, los gobiernos que dependen del ingreso externo se volvieron menos democráticos porque carecían de responsabilidad financiera para con sus ciudadanos. En consecuencia, las teorías de Tilly dejan cada vez más claro que, si bien no existe un orden sin el Estado, no existe un Estado sólido sin impuestos.

Debilidad estatal y los vacíos de poder

Cuando los gobiernos son débiles, otras estructuras de poder comienzan a llenar el vacío. Hay un término medio entre un Estado capaz y una anarquía natural caótica: el crimen organizado. Bandas, cárteles y redes delictivas pueden comenzar a funcionar rápidamente como pseudogobiernos. Profesionalizan la violencia y venden protección contra ella, todo ello sin las estructuras de rendición de cuentas de un Estado democrático saludable.

Un examen de la política tributaria de México es esencial para comprender la reciente proliferación de actividades delictivas. En un país con un vasto y fragmentado territorio, esto es especialmente cierto en el ámbito estatal y municipal. No importa el tamaño y la sofisticación de la burocracia federal de México, siempre será insuficiente administrar la justicia y la política social propiamente. El sistema actual de México impide el acceso de los estados a la recaudación de ingresos y el desarrollo burocrático que permiten los impuestos.

Según Moody’s, el estado mexicano promedio solo recauda el 10 por ciento de sus ingresos. El otro 90 por ciento de los presupuestos de los estados viene en la forma de transferencias del gobierno federal. Un ex jefe de nuestra secretaría de la Unidad de Coordinación del Tesoro con los Estados afirma que los municipios representan solo el 1,1 por ciento de los ingresos fiscales de México.

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