Se retrasa juicio por asesinato de activista ambiental en Honduras

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La Corte Suprema de Honduras suspendió indefinidamente el inicio de un juicio el lunes 18 de septiembre de ocho hombres acusados ​​del asesinato en 2016 de la galardonada activista hondureña por los derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres.

El vocero judicial, Melvin Duarte, dijo que primero se deben resolver cinco documentos relacionados con el caso.

La familia de Caceres y la organización que ella lideró dijeron en un comunicado el lunes que el tribunal donde se celebraría el juicio no garantizaba los derechos de las víctimas o del acusado y que no sería imparcial. Pidieron que el caso se trasladara a otro tribunal.

Los fiscales dijeron en un comunicado que la evidencia científica recolectada sería la clave para condenar a los sospechosos.

Caceres fue asesinada a tiros en su casa en La Esperanza al oeste de Honduras el 2 de marzo de 2016, un año después de ganar el Premio Ambiental Goldman por su liderazgo en contra de un proyecto de presa.

Dos de los acusados ​​trabajaron en un momento para Desarrollos Energeticos SA, la compañía detrás del proyecto hidroeléctrico que Cáceres y su grupo Copinh habían combatido durante años. Cáceres había denunciado amenazas de muerte por parte de ambos.

Otro acusado era un miembro militar en servicio activo, apoyando las afirmaciones de la familia de Cáceres de que había una colusión entre la compañía y las fuerzas de seguridad del estado.

Amenazas a Berta Cáceres

Roberto David Castillo Mejía, quien fue presidente ejecutivo de DESA cuando Caceres fue asesinada, fue arrestado en marzo pasado por el asesinato, aunque no es parte del juicio. Los fiscales alegan que él estaba a cargo de manejar la logística del asesinato. La compañía dijo que Castillo y sus otros empleados estaban «totalmente desconectados» del asesinato.

Cáceres había sido amenazada antes y ya en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado medidas de protección para su seguridad. Otros miembros de Copinh también habían sido asesinados. Los hombres armados que mataron a Cáceres también hirieron al activista mexicano Gustavo Castro Soto, que estaba en la casa esa noche.

El año pasado, un equipo de abogados publicó un informe después de estudiar el caso. Dijeron que se trataba de un esfuerzo cuidadosamente planificado y que «hay evidencia para vincular al asesinato de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel».

El gobierno hondureño ha estado bajo una gran presión del exterior para resolver el asesinato en un país donde la impunidad es alta. El grupo de expertos independientes advirtió sobre irregularidades y descuidos en la investigación.

La semana pasada, la hija de Cáceres, Berta Zúñiga, dijo en una entrevista con la radio local que las autoridades quieren limitar el juicio al homicidio, pero la familia quiere una mayor difusión de los años de hostigamiento que sufrió Cáceres por su oposición a la represa.

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