Recrudecimiento de la violencia en escenarios de posconflicto en Latinoamérica

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  • Elaborado por Stephanie Moreno Torregrosa; Magíster en Asuntos Internacionales con énfasis en resolución de conflictos en colaboración de Mercado Militar

Introducción

Latinoamérica se sacudió en el siglo XX por los conflictos interestatales como: Bolivia y Brasil (1903), Colombia y Perú (1932-1933), Bolivia y Paraguay (1932-1935), Ecuador y Perú (1941,1995), Reino Unido y Argentina (1982), y El Salvador y Honduras (1969). Sin embargo, la influencia del comunismo durante la Guerra Fría fue determinante para el surgimiento de guerrillas, o grupos rebeldes alzados en armas en Latinoamérica que, influidos por el fin ideológico comunista, emprendieron una lucha armada interna en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia, entre otros.

El surgimiento de conflictos armados intraestatales (guerra entre un actor armado no estatal y un actor armado estatal) en Latinoamérica ha tenido un fuerte impacto en la población civil y en el territorio. Asimismo en “las últimas décadas los conflictos civiles  han aumentado y los conflictos que se desarrollaron entre 1980 y 1999 duplicaron su duración en comparación con los que se desarrollaron entre 1960 y 1979” (Burke, 2006) y para el fin de la Guerra Fría y hasta el 2004 “la evidencia empírica sugiere que las guerras civiles sufrieron otro cambio notable. El vínculo entre la revolución, la guerra de guerrillas y la guerra civil, que por la década de 1980 parecía natural para la mayoría de los observadores, dejó de reflejar la realidad” (Kalyvas, 2009).

La transformación de los conflictos armados, que pasaron de ser de carácter interestatal a intraestatal, fueron evidentes en Latinoamérica. En el caso de El Salvador, durante la década de 1970 nació la guerrilla, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como resistencia popular contra la política del gobierno de turno, por la represión militar, los considerables fraudes electorales y la falta de reformas que fortaleció la idea de participar en una lucha armada contra las condiciones existentes en ese país que vivió el estallido de un guerra civil que inició en 1981 y duró 12 años, marcando un periodo de violencia y violaciones en contra de más de 80.000 personas (registradas), quienes perdieron la vida y 8 mil desaparecidos entre 1980 y 1992.

El fin de la Guerra Fría fue el primer paso para la búsqueda de una solución pacífica al conflicto, así las negociaciones comenzaron en 1984 entre el gobierno demócratacristiano y el FMLN. El proceso culminó con los Acuerdo de paz de 1992, que se firmaron en México.

En el caso de Guatemala, la guerra civil inició en 1960 en el marco de la Guerra Fría, luego de que un grupo de exiliados guatemaltecos en Estados Unidos, perpetrarán un golpe de Estado con el apoyo de ese país; lo que condujo a la población civil a la represión ante el gobierno militar impuesto y la distribución inequitativa de los recursos. Así nacen varias guerrillas, entre ellas el movimiento guerrillero Unidad Revolucionaria Guatemalteca (URNG) que se alzó en armas en contra del gobierno y logró que varios adeptos se unieran a sus filas.

La guerra civil perpetrada entre la URNG y el gobierno guatemalteco produjo más de 150 mil muertos, 50 mil desaparecidos y más de un millón de refugiados. El uso de la violencia principalmente fue dirigido hacia la población indígena, la que habitaba en las zonas rurales. Incluso en el informe de la Comisión de la Verdad de ese país se habla de un genocidio. Para lograr el acuerdo de paz entre la guerrilla URNG y el gobierno de turno en 1996, el acuerdo de Esquipulas fue el ascenso para un gobierno democrático elegido en 1986, lo que permitió que durante más de 10 años se llevaran a cabo las conversaciones y negociaciones de paz, así fuera a un paso lento. Sin embargo, la contribución de Rigoberta Menchú por su trabajo en defensa de la comunidad indígena, lo que la llevó a obtener un premio nobel de paz permitió que hubiese un mayor diálogo y representación de esta comunidad. Así los procesos de Esquipulas y de Cirefca fueron vitales para fortalecer las bases del diálogo entre los diferentes actores en Guatemala.

En el caso de Nicaragua, la guerra civil al igual que en El Salvador y Guatemala nace en contra de una represión militar apoyada por Estados Unidos, de ahí que en la década de 1970 se concibiera la idea de realizar una Revolución Popular Sandinista, lo que dio paso al surgimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien inició el conflicto con el gobierno de turno en 1979 y lograron un acuerdo de paz, hasta febrero de 1990. “Se calcula que la contraguerrilla alcanzó un máximo de 20.000 hombres, lo que significa más de lo que ningún otro grupo guerrillero en América Central y Colombia haya logrado movilizar” (Departamento Regional para América Latina ASDI, 2003).

Ante los conflictos emergentes en la región centroamericana, el gobierno de Nicaragua, junto con el del Salvador, Guatemala y Honduras decidieron acogerse en 1987 al Acuerdo de Esquipulas con el objetivo de consolidar la decisión política de los gobernantes y establecer un procedimiento para conseguir el cese del conflicto en la región. Para Nicaragua este acuerdo les permitió realizar elecciones libres y presentar una agenda de negociaciones entre el gobierno sandinista y la oposición política que comenzaron en 1988 y tuvieron lugar hasta las elecciones generales de 1990. Luego de los comicios electorales en Nicaragua donde fueron derrotados los sandinistas, se firmó un acuerdo entre los mismos y la coalición de gobierno entrante en el poder, sobre cómo manejar la transición e implementación.

Colombia, es uno de los países con más procesos de paz en Latinoamérica, dado que la formación de múltiples guerrillas desde 1957, provienen de un conflicto arraigado en disputas político partidarias, descontentos con la política pública agraria, la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Las guerrillas que se han acogido a un proceso de paz en el país han sido el Ejército de Liberación Popular (EPL), el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT); el Movimiento 19 de Abril (M19), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), disidente clandestina del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Quintil Lame (MAQL) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a partir de la década de 1990, y la reciente negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Uno de los puntos que más suscita discusión en las negociaciones en Colombia, ha sido el tema de la participación política y la justicia transicional, la cual es definida por el (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2004) como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación (…)”.

Estos procesos de paz entre los gobiernos de turno y las guerrillas latinoamericanas que se han acogido a un proceso de desarme, desmovilización y reintegración, han tenido fallas en su implementación, tras la carencia de instrumentos que fortalezcan la reconstrucción del tejido social violentado a causa de la guerra; asimismo dejan vacíos en los escenarios de conflicto en los cuales hacían presencia, lo que nos lleva a preguntarnos si ¿puede hablar de una paz positiva? O es una ambigüedad y el ¿recrudecimiento de la violencia incrementa en los escenarios de posconflicto en Latinoamérica?

Para entender el comportamiento de los diferentes actores que están involucrados en la etapa de conflicto en un Estado y si en verdad la ausencia de las guerrillas que se acogieron a un acuerdo de paz ha influido en la reaparición de conflictos; este ensayo pretende explicar las características y causas del recrudecimiento de la violencia durante los escenarios de posconflicto en Latinoamérica, sustentando que la evidencia demuestra que los escenarios de posconflicto están lejos de representar para un Estado la culminación de la violencia y el establecimiento definitivo de una paz positiva, dado que durante este periodo de transición, el conflicto muta y en el caso latinoamericano, los procesos de paz en países como Colombia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua dieron paso a nuevas dinámicas de violencia, que no eran de carácter ideológico y político, base principal de la formación de las guerrillas, sino criminal, compuesto por disidentes y estructuras criminales que buscan apropiarse de los vacíos o zonas de economía ilegal que dejan los grupos desmovilizados.

Un acuerdo de paz: El paso de transición hacía una paz positiva

El conflicto no solo suscita un débil crecimiento económico, sino social e institucional que deja a su paso un legado de actos violentos que son ocasionados por actores estatales y no estales que perpetran la violencia de manera prolongada, especialmente por las ganancias en materia económica que deja el conflicto. Sin embargo, la firma de un acuerdo de paz es el principal objetivo que persigue un gobierno que está inmerso en guerras civiles o conflictos internos que evidencian una serie de repertorios de violencia letales y no letales perpetrados por distintos actores.

Colombia, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, han sido Estados latinoamericanos que le han apostado a la reconstrucción de sus territorios a partir de la firma de procesos de paz, que no solo le garanticen los derechos a la sociedad civil, sino a los excombatientes de las guerrillas que deciden dejar su lucha armada y reincorporarse. No obstante, para entender las dinámicas de los procesos de paz, es necesario tener claro qué es la paz y hacía qué tipo de le apuntan los gobiernos. Para Johan Galtung, “la paz es el «despliegue de la vida», que se desarrolla en un contexto de desafío permanente, dado que no se puede negar la existencia de lo negativo” (Galtung, 2003). Asimismo, destaca que existen 3 tipos de paz: La negativa, la positiva y la neutra.

Galtung presenta dos tendencias de paz negativa: la primera, hace referencia a la paz como una unidad interior frente a una amenaza exterior, expresada mediante el desarrollo militar y armamentista y la segunda, se refiere al universalismo, respondiendo a una realidad social del siglo XIX expresada por conflictos bélicos.

En segundo lugar, está la paz positiva, la cual se basa en la fase de expansión del conflicto, en donde la contribución de los científicos sociales es imperante y su objetivo principal es la reivindicación de la justicia social a través de la satisfacción de las necesidades básicas. En tercer lugar, se encuentra la paz neutra, la cual corresponde a la fase de hibridación del conflicto, y se basa en la interdisciplinariedad, en donde el principal método es el dialogo y la comunicación humana.

Entendiendo los tipos de paz, y respondiendo a la pregunta de si en los escenarios de posconflicto se puede hablar de una “paz positiva”, que en palabras de Galtung es un equilibrio social estable en el que las nuevas disputas no escalan para convertirse en violencia o guerra, lo acordado entre las guerrillas y los gobiernos de turno para cada uno de los procesos, en países como Colombia, Nicaragua, Guatemala y el Salvador dejan en evidencia que los negociadores y excombatientes le apostaron a una paz positiva, la cual se caracteriza por combatir la violencia cultural y estructural a partir de generar bienestar en materia económica y social a los actores involucrados en un conflicto.

Por ejemplo, en El Salvador se pactó “la desmovilización del FMLN, y su transformación en partido político; la disminución y reestructuración del poder militar; la creación de un cuerpo policial dirigido por civiles para sustituir los viejos cuerpos conducidos militarmente; una reforma del sistema electoral; una reforma del sistema judicial y creación de la Procuraduría para la defensa de los DDHH; la creación de una comisión de la verdad” (Departamento Regional para América Latina ASDI, 2003).

Entre tanto, en Guatemala el acuerdo al que llegó la guerrilla URNG y el gobierno de turno en 1996, definió: “el respeto por los derechos humanos y fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos; reubicación de las personas refugiadas; Creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico; Identidad y derechos de la población indígena; Aspectos socioeconómicos y el tema de la tierra; Fortalecimiento de la sociedad civil organizada y nueva definición del papel del ejército; Integración de los miembros de la guerrilla a la sociedad y transformación de URNG en un partido político ;Reformas de la constitución y del sistema electoral” (Departamento Regional para América Latina ASDI, 2003).

Por su parte, en Colombia, lo acordado recientemente con la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional, dejan claro que es evidente una reforma integral rural, al igual que se definió un segundo punto en materia de participación política, otro de fin del conflicto, drogas ilícitas, victimas e implementación, verificación y monitoreo. Cabe destacar que el acuerdo con las FARC-EP es el primero en Latinoamérica que tiene en cuenta a las víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, aunque estos procesos de paz buscaron garantizar la paz positiva en cada uno de estos Estados sumidos en un conflicto armado interno, no se puede hablar de una paz positiva completa, dado que la misma está en un periodo de transición el cual se puede ver afectado por las diferentes trampas del conflicto y el resurgimiento de la producción conjunta de la violencia en estas zonas, principalmente de economía ilegal que dejan los grupos guerrilleros o rebeldes desmovilizados.

Recrudecimiento de la violencia

El concepto de trampa del conflicto plantea que por “diversas rutas y una vez se ha iniciado un conflicto, una sociedad corre un riesgo muchísimo mayor de más guerras. Así, los países que han sufrido una guerra corren un riesgo dos a cuatro veces mayor de una guerra posterior” (Collier, y otros, 2003).

Según Paul Collier “El 40% de todas las situaciones de posconflicto han recaído en el conflicto en menos de una década”. La primera trampa es la del propio conflicto, donde un Estado con bajos ingresos puede volver a recaer en una guerra civil, o donde sí se disminuyen los ingresos en 50%, el riesgo aumenta. En cuando a la segunda trampa, los recursos naturales, no solo representan para un Estado riqueza natural, ya que los mismos aumentan las rentas de financiación clientelista, que tienden a conformar autocracias, y no democracias, al igual que permite que los grupos al margen de la ley se aprovechan de estos recursos para realizar una apropiación ilegal y con ello perpetuar el conflicto en esas zonas.

La tercera trampa del conflicto es el encerramiento, el cual consiste en el bajo desarrollo económico que posee un Estado, dado que sus fronteras están permeadas por países en conflicto que en ciertas ocasiones son el escenario ideal, para replicar el conflicto en otros escenarios. Por último, está la trampa de la mala gobernanza, siendo esta en la que más recaen los Estados salientes de un conflicto, dado que no existe la voluntad política de construir políticas o reformas encaminadas a proporcionarle a la comunidad seguridad, bienestar y legitimidad.

Entre tanto, “algunas políticas que normalmente no hacen parte de una estrategia de desarrollo afectan el riesgo de conflicto, tales como la presencia de fuerza externas de manteniendo de la paz, la tendencia hacia el gasto militar doméstico y el diseño de instituciones políticas” (Collier, Rompiendo la trampa del conflicto, 2010).  Entendiendo las trampas del conflicto, en el caso de Nicaragua, el Salvador y Guatemala, ninguno de los mismos cayó en una de estas, porque el fin mismo de la lucha armada muto y se transformó en una guerra conformada por organizaciones criminales con intereses netamente económicos que sustentan el resurgimiento de la producción conjunta de la violencia.

Así las “nuevas guerras” que se están configurando en Estados como Colombia, Guatemala, Salvador y Nicaragua “son situaciones que responden a fines económicos, en las cuales la principal víctima es la población civil, debido a los atropellos y desmanes de los actores armados, que responden a la finalidad única de obtener recursos.

Conclusiones

Aunque en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia se han firmado procesos de paz, que evidenciarían un supuesto establecimiento de una paz positiva, la realidad es que ante los escenarios de posconflicto, el recrudecimiento de la violencia se hizo latente, dado que muchos de estos acuerdos, por ejemplo en Centroamérica, no se cumplieron a cabalidad, y tuvieron falencias que indujeron a los desmovilizados a vincularse actividades delictivas, de carácter económico que les proporcionara ingresos para sobrevivir ante la situación que vivían. Por ejemplo, en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, “en sus inicios los huestes de la Mara Salvatrucha fueron forjadas en la guerra civil de El Salvador. Combatieron en el Ejército y en la guerrilla, integraron grupos paramilitares. Tuvieron entrenamiento militar, por lo que conocieron el manejo de armas y explosivos” (Fernández, 2006).

“La proliferación de las Maras debe ser analizada como un fenómeno socio criminal estructural, resultado de un entorno social conflictivo caracterizado por factores, tales como pobreza, que genera falta de oportunidades, poco acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a la vivienda, aunando a otras causas como la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, alcohol, drogas, etc. (…) Estos factores definitivamente contribuyen a una formación criminal precoz de pura supervivencia y demuestra el poco interés de la sociedad en buscar una solución al problema criminal”. (Rivera, 2009).

Ante este ejemplo, la tesis de de Kaldor, que hace referencia al saqueo sistemático de recursos económicos evidente en las “nuevas guerras”, se convierte en un factor determinante para definir si un conflicto es viable o sostenible, y lo convierte en el medio para un fin que deja de ser político y social y se transforma en uno económico y mercantilista (Collier, 1999) en (González, 2013). Entre tanto, en Colombia, la desmovilización del Ejército de Liberación Popular (EPL), si bien permeó en alguno de sus combatientes, muchos de ellos, desertaron luego de su desmovilización y se vincularon a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Elkin Casarrubia alias ‘el Cura’ un guerrillero del EPL quien ingresó en la guerrilla en 1985 y se desmovilizó en 1991, mismo año en que se convirtió en paramilitar, participando en acciones violentas en más de ocho regiones del país.

“Al ser los actores armados codiciosos en estos “conflictos nuevos”, estos van a buscar maximizar su beneficio personal o privado, más allá de buscar perpetuar un sistema, legitimar un ideal político o cambiar el orden social” (De Vattel, 1983)[1] en (González, 2013), lo que recrudece el conflicto y muta los repertorios de violencia en los vacíos que dejan las guerrillas o grupos rebeldes que deciden acogerse a un proceso de paz y reincorporarse  a la sociedad civil, los cuales son aprovechados por los mismos excombatientes de estos grupos, o por nuevos actores con fines netamente económicos e individualistas.

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