Presidente de Argentina anuncia militarización de la seguridad

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El pasado 23 de julio, el presidente de Argentina Mauricio Macri confirmó los rumores sobre una inminente participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna de su país.

Adicionalmente confirmó que se levantará el decreto de 2006 donde se restringían las funciones del Ejército a las labores de seguridad respecto a las acciones de otros países.

El anunció lo realizó en la base militar Campo de Mayo donde Macri dijo que era importante que los militares «colaboraran en asuntos de seguridad interna, principalmente brindando apoyo logístico en la frontera y operando durante eventos estratégicos».

La doctrina actual del país fue adoptada con su dictadura militar de 1976-1983 en mente, un período durante el cual unas 30,000 personas fueron asesinadas o desaparecieron.

El decreto redefinió el papel de los militares, reduciendo su poder y evitando que interviniera en asuntos internos. Desde 1983, el presupuesto del ejército también se ha reducido. En menos del 1% del PIB, es uno de los más bajos de América del Sur.

Anticipándose a las reacciones a la reforma, Macri insistió en que el objetivo era «eliminar cualquier duda sobre la democracia y el ejército modernizándolo para que pueda cumplir su tarea principal: proteger la soberanía y la integridad territorial de la Argentina».

«Este es el ejército del siglo XXI», agregó el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

El punto de vista de la oposición

Alguna de las voces que se levantaron fue la organización H.I.J.O.S:

Observamos con gran preocupación los diversos intentos de imponer como necesidad la inclusión de las Fuerzas Armadas en actividades relacionadas con la seguridad interna.

Cuando hablan de ‘luchar contra el terrorismo’, hablan de la represión de la protesta social, cuando mencionan ‘luchar contra el narcotráfico’, significan la represión de la protesta social. Durante seis años, el gobierno militar justificó los crímenes más horrendos con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, incluidos los crímenes de lesa humanidad, para imponer un modelo económico que protegiera los intereses de la oligarquía y los grupos económicos internacionales.

Adicionalmente, el abogado opositor Agustín Rossi expresó su preocupación.

Desde 1983, ha sido una decisión estatal separar la defensa nacional y la seguridad interna. Involucrar al ejército en asuntos de narcotráfico es ilegal. En países como México, Colombia y Brasil, esta decisión no funcionó.

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