¿Por qué los países de Latinoamérica están militarizando su seguridad?

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Recientemente se han escuchado cada vez más casos de países de América Latina en los que la seguridad interna está siendo dirigida por las Fuerzas Militares. Colombia, Brasil y  México ya están ejecutando políticas de este tipo y Argentina está estudiando la posibilidad de ampliarle las funciones a las instituciones castrenses (Te puede interesar: A propósito del papel de las FF.MM de Argentina en Seguridad Interior)

Desde que finalizaron las dictaduras en América Latina; en los años 80’s, sobre todo en países como Brasil y Argentina, donde las consecuencias del poder militar se vieron reflejadas en innumerables muertos, desaparecidos, entre otras víctimas; el papel de los militares ha sido limitado a la defensa de cada uno de los Estados.

Sin embargo, luego de finalizada la Guerra Fría y la bipolaridad del sistema internacional, los conflictos entre Estados se han visto disminuidos a su mínima expresión y han surgido otro tipo de amenazas de la seguridad; tales como el narcotráfico, el terrorismo internacional, el crimen organizado transnacional, el deterioro del medio ambiente; entre otras.

Por lo anterior, los Estados han tenido que adaptar la capacidad de sus Fuerzas y enfrentar las llamadas amenazas contemporáneas de la seguridad internacional. Para ello, países como Colombia, Brasil y México, que están siendo asechados por el narcotráfico; especialmente, han tenido que hacer uso de sus Fuerzas Militares; originalmente creadas para la defensa de la nación y no para la prestación del servicio de seguridad interior -para el que existen las distintas policías en los Estados- con el fin de hacerle frente a este tipo de amenazas.

No obstante, organizaciones sociales y de derechos humanos se han opuesto a que los militares tengan tanta influencia en la ciudadanía (También: Fuerzas Armadas de Latino América apuntan a los Derechos Humanos), sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes presentados durante los años de poder militar. A pesar de esto, los Gobiernos han salido adelante aprobando la legislación necesaria para permitir el libre tránsito y jurisdicción de los militares en las ciudades y en la lucha contra el narcotráfico. A continuación, se abordarán los casos de los países que adelantan políticas de militarización a su seguridad, iniciando con Colombia y su caso de amenazas múltiples; México y la guerra contra las drogas; Brasil y su mas reciente intervención militar en Río de Janeiro y por último, Argentina, en donde se está estudiando la posibilidad de transformar las funciones de las distintas Fuerzas Armadas del país.

Colombia. 

Colombia ha vivido un conflicto interno por más de 50 años. En él han confluido distintas guerrillas como el ELN, el EPL, el Quintín Lame, las FARC; paramilitares y narcotraficantes. Todos han generado distintos focos de violencia, desplazamiento y control territorial. Por ello, los roles policiales y militares se han mezclado y las Fuerzas Militares se han dedicado, al igual que la Policía, a la seguridad interna.

El caso colombiano es particular porque las Fuerzas Militares se han ocupado de la seguridad interior por décadas y, a pesar de la firma del acuerdo de paz con las FARC, aun existe el ELN, disidencias del EPL, bandas criminales, organizaciones de narcotraficantes y disidencias de las FARC. Por tanto, la militarización de la seguridad es algo que no se piensa eliminar (También: La otra cara de la paz en el Sur de Colombia: record de coca y asesinatos).

Con la firma del acuerdo de paz, el Gobierno presentó un plan de transformación de las Fuerzas Armadas, e incluso se contempló la posibilidad de crear un Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al que se trasladarían la Policía Nacional (que hoy es parte del Ministerio de Defensa), el INPEC y otras entidades que se encuentran en distintas carteras. No obstante, esto no llegó a feliz término aun.

México. 

Como el país tránsito entre Centroamérica y Estados Unidos, México ha sido el escenario para los carteles de droga más peligrosos del mundo. El presidente Felipe Calderón inició la guerra contra las drogas en el año 2006, para lo que tuvo que presentar una iniciativa de acompañamiento de las Fuerzas Armadas a las Policías y cuerpos de seguridad estatales en la consecución de los objetivos. Más recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto promovió la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (También: Aumentan impugnaciones contra Ley de Seguridad en México), que busca avalar la intervención militar en lugares de violencia que así lo requieran.

Brasil. 

El caso brasilero es también particular. En febrero del presente año, el Gobierno Federal autorizó una intervención militar en Río de Janeiro (También: A 1 mes de la intervención militar en Río, las cifras de delincuencia de ISP), para frenar la ola de violencia que está originando el narcotráfico en distintas favelas de la ciudad. De nuevo, múltiples organizaciones sociales salieron en defensa de los derechos humanos y argumentaron cómo los militares podrían violarlos significativamente si se les otorga el control de este tipo de situaciones.

Además, la ciudadanía vive una crisis económica, política y social que se vio reflejada en el más reciente paro de camioneros, paralizando las esferas de la vida diaria de la población de Brasil. Tras el suceso, los ciudadanos pidieron que los militares derrocaran a Michael Temer y asumieran el poder.

Argentina. 

A pesar de que Argentina es hoy el quinto país más pacífico de Latinoamérica, según el Instituto de Economía y Paz y su más reciente informe, está viviendo un leve escalamiento de la inseguridad por el ingreso del narcotráfico a su territorio. Esto, ha ocasionado que el Gabinete de Seguridad proponga una reorientación de la función de las Fuerzas Militares (También: Ministra de seguridad argentina insiste en seguridad interior bajo militares), especialmente, en la lucha contra las drogas. Sin embargo, tanto organizaciones civiles como legisladores se han opuesto a la iniciativa. Se escudan en los daños dejados por la dictadura.

Ahora bien, la preocupación por parte de las ONG’s de derechos humanos no es en vano. Los casos anteriormente mencionados presentan altos niveles de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. En Colombia, por ejemplo, un estudio de Human Rights Watch estableció que entre 2002 y 2010 se ejecutaron extrajudicialmente a más de 4000 civiles, mientras que un libro de un ex coronel de la Policía de Colombia afirma que fueron más de 10000. En México, por ejemplo, organizaciones de Derechos Humanos han acudido a la Corte Penal Internacional, para solicitar su investigación en casos de Chihuahua, Coahuila y Baja California. La más reciente solicitud involucra 121 víctimas de 2008- 2010 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano.

En Brasil, por su parte los antecedentes recaen sobre los crímenes de la dictadura, que serán juzgados por la CPI. El fantasma del autoritarismo militar también se logra ver en Argentina, donde no han aprobado mayor poder de los militares temiendo el abuso del mismo.

Pero, ¿cómo lograr que la militarización sea efectiva y no genere consecuencias negativas? Hay que entender que la seguridad está cambiando y lo seguirá haciendo. Por tanto, las Fuerzas Militares deben transformarse conforme el sistema lo amerite, aunque existan tras el proceso, sombras de violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y abusos de poder. Pues no solo se debe transformar la función, sino la formación y la observación de la misma, con el fin de tener las capacidades y la vigilancia necesaria para actuar bajo principios de legalidad y humanidad. De esta forma, todas las bondades que militarmente puedan tener las Fuerzas Armadas, serán puestas a disposición de la seguridad interior, sin caer en vicios de procedimiento o desinformación y así, la militarización no se verá como un peligro, sino como un beneficio.

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