NPA debe procesar a los comandantes de la era del apartheid

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Yasmin Sooka, directora de la Fundación para los Derechos Humanos y ex comisionada de la CVR planteó una pregunta crítica a la nación esta semana: ¿en qué momento la Autoridad Nacional de Enjuiciamiento (NPA) acusará a los que están a nivel de comando? Ella se refería a los ministros, generales y comandantes de la era del apartheid que ordenaron asesinatos y evadieron la CVR. Es una cuestión que ya no se puede barrer debajo de la alfombra más de lo que podría en Alemania después del holocausto o en Chile después de Pinochet.

Hace solo dos semanas, Guatemala condenó a cuatro oficiales militares de alto rango por violación y desaparición forzada ocurridos en 1981. En América Latina, cientos han sido procesados ​​y condenados por crímenes cometidos por juntas militares en los años 70 y 80. Alemania, incluso hoy, todavía está persiguiendo a los nazis sobrevivientes responsables de las atrocidades.

Las sucesivas administraciones posteriores al apartheid no han cumplido sus obligaciones estatutarias y constitucionales de llevar ante la justicia a los autores a quienes se les denegó la amnistía o no la solicitaron.

Ausencia de justicia

Según el defensor Howard Varney, que ha encabezado la acusación de buscar justicia para las víctimas, no solo estos asuntos no han sido perseguidos vigorosamente por sucesivas administraciones, sino que se han tomado medidas activas para subvertir el curso de la justicia. De los más de 300 casos que la CVR recomendó al NPA para una investigación más exhaustiva, solo unos pocos se han llevado a cabo en el transcurso de los últimos 24 años.

Además, en 2004 el gobierno estableció un «Equipo de trabajo de Amnistía» secreto para explorar vías para evitar el enjuiciamiento penal de casos que surgen del proceso de TRC. Entre las propuestas formuladas se encontraba una modificación de la política de enjuiciamiento para permitir que el NPA rechazara enjuiciar a varios nuevos criterios. Según Varney, efectivamente permitió una amnistía clandestina bajo la apariencia de una discreción procesal.

Otra medida de impunidad propuesta por el equipo de trabajo fue un programa de indultos políticos para procesar a puertas cerradas. En 2009, el Tribunal Superior emitió una orden urgente que impedía que el Presidente otorgara tales perdones, y en 2010 el Tribunal Constitucional confirmó que las víctimas debían ser consultadas antes de que se pudieran otorgar indultos políticos. Hasta la fecha, nadie ha sido indultado bajo esta dispensación.

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