Países denuncian a Venezuela ante la Corte Penal internacional

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Cinco países de América Latina y Canadá instaron el pasado miércoles 26 de septiembre a la Corte Penal Internacional a considerar enjuiciamiento de altos funcionarios en Venezuela por violaciones masivas de los derechos humanos, la primera vez que las naciones-miembros mencionados han Opiniones de otro miembro de la corte.

Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú presentaron una reconstrucción extraordinaria del presidente Nicolás Maduro.

Los gobiernos en la región se han alarmado más por la crisis económica y política en Venezuela. La aguda escasez de alimentos y medicinas ha llevado a millones de personas a emigrar, principalmente a países vecinos.

La remisión le da a la corte de La Haya un renovado sentido de urgencia para investigar los abusos en Venezuela.

«Los líderes de estos seis países han dado un paso histórico hoy en día, sin precedentes en la historia de las Américas La creación de un hito crucial en interés de la justicia, la responsabilidad, la no repetición y reparación a las víctimas de la dictadura venezolana», dijo Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, en un comunicado.

Principio de la No Intervención

Durante décadas los gobiernos latinoamericanos se han adherido a un principio de no intervención en los asuntos domésticos de las naciones vecinas. Sin embargo, varios países ahora consideran que la crisis socioeconómica de Venezuela se ha convertido en una amenaza regional. La oleada de migrantes ha resultado también en el alza de tasas delictivas, y ha golpeado los sistemas de salud y educación de otros países.

«Este es un evento significativo e histórico», dijo Fernando Cutz, antes funcionario de alto rango de la Casa Blanca que trabajó en temas de política latinoamericana durante los gobiernos de Barack Obama y de Donald Trump. «Hace diez años habría sido imposible pensar en que la región le diera la espalda a uno de los suyos».

Los países solicitaros a través de una carta firmada por los seis jefes de Estado al margen de la sesión de la Asamblea General de la ONU, a la procuradora jefa de la CPI, Fatou Bensouda, que investigue los abusos a los derechos humanos posiblemente cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro desde febrero de 2014, cuando hubo represión de protestas masivas.

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