ONU hace llamado a Colombia por obstáculos de la JEP

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Las Naciones Unidas pidieron a Colombia que «elimine urgentemente los obstáculos» que obstaculizan un tribunal de crímenes de guerra o que corra el riesgo de ser llamado a no cumplir con un proceso de paz en curso.

La llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a ser el centro de controversia la semana pasada después de que el presidente electo conservador Ivan Duque pidió cambios en las reglas de procedimiento de la corte.

El tribunal de crímenes de guerra entró en vigor en marzo para buscar justicia por los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas y las FARC, el grupo que desmovilizó a 14,000 personas el año pasado.

El partido de extrema derecha del Partido Democrático (CD) de Duque se ha opuesto a la paz con las FARC desde que comenzaron las conversaciones en 2012 y exigió el martes que el tribunal congele las investigaciones contra los miembros del ejército.

Las Naciones Unidas, que supervisa el proceso de paz, parecen haber perdido la paciencia y «exhortaron a las instituciones estatales competentes y las fuerzas políticas a eliminar los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y los derechos de las víctimas». »

La Jurisdicción Especial ha sido constitucionalmente establecida, con el apoyo del Tribunal Constitucional y, entre otros, la Corte Suprema de Justicia, y abrió sus puertas el 15 de marzo de este año. Sin embargo, tres meses después, el JEP aún carece de los procedimientos estándar requeridos para proporcionar una mayor seguridad jurídica para las decisiones de sus jueces. Más de un año después de la aprobación del Acto Legislativo 01, que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, las víctimas aún esperan las primeras audiencias y comparecencias de quienes estuvieron involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Misión de Verificación de la ONU

Las demoras en la justicia se deben en gran parte a la gran cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas por el estado, que a menudo involucran a funcionarios que continúan ejerciendo un gran poder.

El partido de Duque está liderado por el senador Álvaro Uribe, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Colombia entre 2002 y 2010, cuando los militares ejecutaron entre 4.500 y 10.000 civiles y los presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combate.

La vicepresidenta electa de Duque, Marta Lucia Ramirez, fue ministra de Defensa entre 2002 y 2004 cuando las matanzas masivas comenzaron a intensificarse.

El fin de la impunidad sobre estos homicidios generalizados y sistemáticos podría tener efectos devastadores para Uribe, Ramírez y su partido.

Sin embargo, 8,5 millones de colombianos esperan justicia o desean regresar a las granjas de donde fueron desplazados. Ellos, no los intereses políticos, son prioridad para la comunidad internacional que supervisa el proceso.

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