Noticias Militares de Guatemala: Presidente vs cuerpo anticorrupción

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La muerte de un aliado clave, un futuro incierto para su partido político y los abusos de su ministro del Interior podrían frustrar un intento desesperado del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar a un cuerpo anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas.

La avalancha de eventos comenzó el 23 de abril, cuando Morales twitteó un video en el que denunció un presunto «abuso de autoridad, arrogancia y violación de varias leyes penales del país» durante una redada llevada a cabo el 2 de noviembre de 2016 en la residencia presidencial.

La unidad de lavado de dinero de la Procuraduría General de la República y la policía nacional lideraron la operación con el apoyo de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El lanzamiento del video de Morales se produjo pocos días después de que la CICIG y la Procuraduría General anunciaran la segunda fase de una investigación sobre el financiamiento de campañas ilícitas, alegando que el partido político bajo el cual Morales se postuló para presidente, el Frente Nacional de Convergencia – FCN), recibió más de $ 1 millón de un grupo selecto de líderes empresariales anónimos.

Resultados de las investigaciones

Los empresarios implicados en la investigación de la CICIG sobre el financiamiento de la campaña asumieron inmediatamente la responsabilidad de sus acciones. Sin embargo, Morales criticó duramente a la comisión, a la Procuraduría General y a los líderes empresariales en un discurso público al que asistieron funcionarios militares.

El secretario general del presidente, Carlos Martínez, anunció que enviaría una solicitud a la Procuraduría General para evaluar si los funcionarios involucrados en la redada de 2016 actuaron «correctamente con el acuerdo firmado por Guatemala» con la CICIG.

El ministro del Interior, Enrique Degenhart Astrurias, ordenó una investigación interna del papel de la policía en la operación de dos años y anunció que presentaría el caso ante el Consejo Nacional de Seguridad del país. Morales, que preside el consejo, lo convocó inmediatamente y declaró que el ataque «representa una amenaza para la seguridad nacional».

En respuesta a estos eventos, la Fiscal General Mayra Veliz defendió la legitimidad de la operación de 2016 al hacer referencia al artículo 193 del Código Procesal Penal, que permite a la Procuraduría General realizar tales redadas.

La procuradora general Anabella Morfín, cuyo mandato termina en mayo, explicó que para cumplir con la petición del presidente e investigar la supuesta ilegalidad del ataque, primero tendría que formar una comisión técnica interna para realizar un análisis.

También aclaró que la Oficina del Procurador General entregaría un informe basado en evidencia, no una resolución, sobre los eventos que ocurrieron.

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