Disolución del partido político gobernante en Guatemala

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El tribunal electoral de Guatemala emitió una resolución para comenzar la disolución del partido político gobernante en lo que será una prueba de fuego para las instituciones del país y podría dejar al presidente Jimmy Morales sin un medio para sostener su atribulada carrera política.

El portavoz del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Luis Ramírez, anunció la decisión unánime de los jueces del tribunal de ordenar al Registrador Civil de Guatemala que comience el proceso de suspensión del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) por su uso de contribuciones anónimas durante la campaña electoral de 2015.

Congelación de actividades políticas

En abril, la división de crímenes electorales de la Procuraduría General anunció que solicitaría al TSE congelar las actividades políticas de la FCN-Nación porque había recibido al menos $ 2 millones en financiamiento de campañas ilegales, según recientes acusaciones del ex Procurador General Thelma Aldana y un órgano de apoyo judicial respaldado por las Naciones Unidas conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG).

Al menos la mitad de ese dinero supuestamente estaba destinado a pagar a los observadores electorales, que son financiados por partidos políticos en Guatemala. Algunos de los empresarios más prominentes del país proporcionaron los fondos, que se canalizaron a través de la empresa Novaservicios S.A. y no se registraron en las cuentas del partido, ni se informaron como gasto de campaña.

En cambio, la FCN-Nación solo reportó 103,706 quetzales (aproximadamente $ 13,800) para pagar a los observadores electorales, mientras que las investigaciones revelaron que se gastaron unos 8 millones de quetzales ($ 1,075,000) – $ 500,000 en la primera ronda de elecciones y otros $ 575,000 en la segundo.

Empresarios involucrados en el caso testificaron que Morales sugirió que hicieran las contribuciones de forma anónima porque FCN-Nación no podía reportar más ingresos al TSE. La Procuraduría General de la República y la CICIG han corroborado su testimonio.

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