Noticias Militares de Colombia: ONU insta a proteger comunidades rurales

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Un informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2017 ha hecho un llamamiento al gobierno para que haga más para proteger a las comunidades rurales, ya que continúan sufriendo violencia a raíz del desarme de las FARC.

Es motivo de gran preocupación el aumento de la violencia en las zonas declaradas ZOMAC, zonas más afectadas por el conflicto. El informe indica que en tres de estas zonas, la tasa de homicidios de 2017 fue más de diez veces mayor que en 2016. Mesetas en Meta vio la tasa aumentar 1,095%, Magui Payán en Nariño 966% y El Carmen en Norte de Santander 916%.

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado el 2 de marzo, destacó varios elementos que contribuyen a los problemas de muchas comunidades rurales desde hace décadas.

La falta de acceso a la atención médica, las deficiencias en la educación, la violencia endémica y las tasas de pobreza multidimensional superiores al promedio nacional se mencionaron como factores importantes en el clima actual de inseguridad.

Por ejemplo, el informe señaló que en el municipio de Riosucio, Chocó, la falta de agua potable y los centros de salud significaron que seis niños murieron por causas evitables entre enero y agosto. Además, la falta de coherencia en la contratación de docentes y la fragilidad de las instituciones educativas «dificultan el acceso a una educación de calidad».

Violencia de los grupos armados

Estos problemas, especialmente la violencia, se ven agravados por el aumento de las actividades de los grupos armados. El informe también señaló que recientemente personas habían sido asesinadas por apoyar políticas gubernamentales como la sustitución de cultivos, en lugar de oponerse a ellas.

De acuerdo con las leyes nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos, los militares no deberían ser responsables de la seguridad pública y la aplicación de la ley. El ACNUDH expresó su preocupación por los planes militares que justifican su participación activa en tareas de seguridad pública.

Destacando las 11 ejecuciones extrajudiciales denunciadas llevadas a cabo el año pasado, el informe condenó a los militares por su papel en las violaciones de los derechos humanos, e instó al gobierno colombiano a reducir su influencia. Cinco de estas ejecuciones fueron presuntamente cometidas durante las operaciones de seguridad pública supervisadas por el ejército, que coinciden con las preocupaciones del ACNUDH.

Lo más alarmante en el informe es que el ACNUDH observó que «oficiales de alto rango en la cadena de mando, incluidos los involucrados en el caso de los» falsos positivos «, habían sido promovidos en los últimos dos años». La aparente falta de noción de la justicia o la rendición de cuentas es un indicador preocupante de que las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por los militares continuarán (ilustradas por las ejecuciones extrajudiciales), y pocos implicados enfrentarán las consecuencias de la justicia.

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