Noticias Militares de Colombia: Informe explica la «para-economía»

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En un reporte en el cual se examinan las relaciones entre los grupos paramilitares del conflicto armado y las empresas privadas del país, señala que se debe investigar esta relación como una potencialidad de crimen.

Publicado el 26 de febrero por el think tank colombiano Dejusticia, detalla 439 casos de «complicidad corporativa» en violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares entre 1970 y 2015.

La investigación se basa en testimonios de ex líderes paramilitares y 35 fallos judiciales bajo la ley especial de Justicia y Paz de Colombia.

Según el informe  existen diferentes conclusiones al respecto: la impunidad de los casos que generaron una investigación judicial fue de al menos el 90%, sólo el 10% llego a los tribunales.

Los actores involucrados eran entidades privadas específicas que no se pronunciaron sobre la «responsabilidad de los actores económicos por la violencia».

La gran mayoría de las empresas identificadas parece haber ayudado voluntariamente a los grupos paramilitares a cometer violaciones de derechos humanos, incluso mediante el financiamiento de grupos armados, ayudando a desplazar a las personas por la fuerza o colaborando en asesinatos selectivos. Sin embargo, más del 10 por ciento de los actores económicos parecen haber sido obligados a colaborar mediante la extorsión.

Relación empresa y «paras»

Desde la década de 1980 empresario locales y multinacionales extranjeras pagaban a grupos paramilitares como un mecanismo de protección e incluso para evitar daños a sus negocios.

Esta relación patrón-cliente siguió siendo el tipo más común de interacción entre actores privados y paramilitares, representando la mitad de los casos analizados por el informe de Dejusticia.

La interacción incluyó el intercambio de listas de líderes sindicales o sociales, que Dejusticia define como «complicidad indirecta» y representa 82 de las interacciones documentadas.

A pesar de la percepción de que los actores multinacionales extranjeros jugaron un papel dominante en el financiamiento del conflicto colombiano, el 98% de los casos incluidos en el informe involucraron a actores económicos colombianos.

Los sectores más afectados: el agrícola, comercial y natural. La ganadería, el banano y las plantaciones de aceite de palma fueron algunas de las áreas donde el fenómeno fue particularmente prominente.

Con el fenómeno paramilitar el sector privado se beneficiaron de las operaciones ilegales, constituyendo una «para-economía»

Aún así, ciertas entidades comerciales económicas dieron un paso más para convertirse en cómplices directos en la comisión de violaciones de los derechos humanos. Testimonios de varios líderes paramilitares desmovilizados indican que el desplazamiento forzado a veces se llevó a cabo no por necesidades militares estratégicas, sino para satisfacer los intereses económicos de actores privados, mientras que el 4 por ciento de las instancias registradas de complicidad corporativa involucraron homicidios.

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