Noticias Militares de Colombia: Falsos positivos ascienden a 10.000

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De todos los horrores que emergen del conflicto de cinco décadas de Colombia con las fuerzas guerrilleras de las FARC-EP, el llamado escándalo de falsos positivos es uno de los más notorios.

Entre 2002 y 2010, miembros del ejército colombiano utilizaron promesas de empleo para atraer, secuestrar y asesinar a miles de jóvenes vulnerables antes de presentar sus muertes como «asesinatos de combate», por los cuales fueron remunerados por el gobierno. Según la evidencia presentada en los juicios de los perpetradores, transportaron a sus víctimas cientos de millas a la jungla y los vistieron con uniformes de las FARC-EP, luego fotografiaron sus cadáveres y presentaron las imágenes como evidencia de una remuneración económica.

Aumento de las cifras

Ahora, en un libro reciente, un ex coronel de la policía colombiana, Rojas Bolaños, ha alegado que la práctica fue mucho más generalizada y sistemática de lo que se había imaginado, y que aproximadamente 10.000 civiles fueron asesinados por las fuerzas militares colombianas.

Esa cantidad asombrosa plantea preguntas difíciles sobre el futuro del proceso de justicia post-conflicto que ya está en dificultades en Colombia. En cierto modo, 10,000 representa el cruce de una especie de umbral psicológico: es difícil de ignorar. Pero Colombia también ha sido demasiado lenta para hacer justicia por los crímenes cometidos en su conflicto de décadas de duración, y eso plantea la posibilidad de una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).

Colombia ha sido objeto de un «examen preliminar» por parte de la CPI desde junio de 2004. Hasta el momento, la corte ha reunido pruebas, recibido informes de grupos de defensa, producido informes provisionales y realizado visitas a Colombia en 2013, 2015 y 2017. Pero desde Colombia aún no ha sido formalmente reconocida como una «situación» por la CPI, no se han iniciado investigaciones oficiales, no se han preparado órdenes de arresto y no hay audiencias programadas.

Muchas personas, tanto dentro como fuera de Colombia, creen que es hora de que la CPI dé el siguiente paso y declare que el estado «no está dispuesto o no puede» llevar a cabo procesamientos genuinos de los principales responsables de estos crímenes. La CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por ciudadanos colombianos o en el territorio de Colombia desde el 1 de noviembre de 2002, un cronograma que incluiría la mayoría de los homicidios «falsos positivos». Pero el mero hecho de que la CPI pueda intervenir en Colombia no significa que lo hará, o de hecho debería hacerlo.

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