Noticias Militares de Colombia: 8 policías asesinados en Urabá

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Al menos ocho policías murieron en un supuesto ataque paramilitar contra una comisión judicial que investiga el robo de tierras en el noroeste de Colombia.

Una bomba estalló cuando el convoy viajó en San Pedro de Urabá, un municipio en la región noroeste de Urabá, que está controlado en gran medida por el grupo paramilitar AGC, o Clan del Golfo, como el gobierno llama al grupo.

Un juez, funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y campesinos desplazados se habían desplazado al área rural para inspeccionar el retorno de la tierra robada durante el conflicto armado.

Un explosivo supuestamente mató a los policías luego de lo cual la comisión se retiró del área. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que tres miembros de la AGC también murieron.

El presidente Juan Manuel Santos rechazó el «ataque cobarde» al convoy que estaba inspeccionando la restitución de tierras en la región de Urabá, el terreno de batalla de la AGC.

El inspector general Fernando Carrillo dijo que «no es suficiente rechazar el asesinato cobarde de los policías en Urabá». Las autoridades tienen la obligación de verificar los actos y castigar a los responsables «.

«La muerte de los policías ilustra los desafíos de esta protección», dijo la ONU respecto al ataque.

Desafíos de la restitución de tierras

En total, la propiedad de la tierra equivalente al 15% del territorio nacional de Colombia fue robada durante el conflicto armado que comenzó en 1964.

Gran parte de esta tierra fue robada por grupos paramilitares formados por grandes terratenientes y empresas para proteger la propiedad privada de los ataques de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN.

La restitución de esta tierra se ha resuelto con la resistencia de los nuevos propietarios, que en algunos casos han contratado a «ejércitos anti-restitución» para evitar el regreso de los campesinos desplazados.

Estos grupos armados ilegales en algunos casos fueron formados por paramilitares disidentes que protegen la propiedad que fue robada durante el conflicto.

Según el IPC, una ONG que acompaña a los demandantes de tierras, 21 agricultores que regresan han sido asesinados en Urabá desde 2008.

La resistencia legal y violenta contra el retorno de la tierra ha complicado el proceso de restitución de tierras que permitiría a las víctimas del desplazamiento del país regresar a sus hogares.

La AGC, que opera en aproximadamente una quinta parte de los municipios de Colombia, ofreció la desmovilización en septiembre del año pasado y está esperando que el Congreso apruebe un proyecto de ley que permita la desmovilización colectiva de los grupos armados ilegales.

Lamentamos la pérdida de los policías de Colombia.

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