Noticias militares de Chile: Juez revela adopción ilegal en dictadura

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El Régimen Militar de Chile, que tuvo lugar entre 1973 y 1990, fue el periodo en el que la dictadura militar de Augusto Pinochet estuvo enmarcada por diferentes tipos de violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado.

Diferentes actos como de desaparición forzada, violencia sexual y asesinatos se desarrollaron a lo largo del país costero; el robo de bebés fue común durante la dictadura, afectando a las madres en una situación de vulnerabilidad, según un informe.

Al menos 500 niños fueron adoptados ilegalmente por extranjeros durante la dictadura de Augusto Pinochet según una investigación publicada el domingo por el juez Mario Carroza.

La trabajadora social Telma Uribe, de 96 años, está acusada de tener un papel importante en la mediación entre las familias, informó el diario chileno La Tercera.

El papel de Uribe fue conectar organizaciones internacionales especializadas en adopciones para familias extranjeras, especialmente en los Estados Unidos entre 1973 y 1990, cuando Pinochet estaba en el poder.

Adopciones ilegales durante dictadura

Después de que varios menores fueran adoptados ilegalmente, el juez amplió la investigación que pronto reveló unos 500 casos más gracias a un informe de María Cecilia Erazo, una trabajadora social de la Universidad Católica y abogada de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Su informe encontró que las víctimas de la red de adopción eran madres en situación de vulnerabilidad.

Agregó que Chile no implementó un marco legal para las adopciones internacionales hasta 1988. Antes de eso, las autoridades judiciales permitían la adopción de un niño abandonado por los padres, si los abogados tenían recursos financieros para recibir al niño.

«Debido a que se llevó a cabo de forma voluntaria, los tribunales no cuestionaron aún más la adopción», concluyó el informe.

Los casos de bebés robados han sido ampliamente investigados en el país vecino, Argentina, durante la última dictadura militar en el país, y los profesionales de la salud que participaron en partos clandestinos de niños secuestrados de presos han sido procesados ​​por primera vez en 2014.

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