Militarización de la política de seguridad en América Latina

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La movilización del Ejército brasileño para reducir los bloqueos de los camioneros en las carreteras que colapsaron el país y la reciente detención de 38 militares en Venezuela involucrados en actividades conspiratorias puso en los titulares la evidencia de que un actor que presidió la política latinoamericana durante gran parte de su vida republicana sigue siendo un actor inevitable con poder político.

Esto, como enseña la historia, es una vicisitud que presenta riesgos a la democracia que, lejos de ser imprevisibles, forman parte de la tradición militar del continente. La participación de las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno de Salvador Allende para enfrentar la huelga de los camioneros en Chile abrió las puertas para su intervención política y fue un factor que facilitó el golpe de Estado así como el ruido de los sables en la sala de banderas de los cuartiles .

Los países resaltados

En la realidad compleja de América Latina, una región donde la inseguridad de los ciudadanos y la debilidad del Estado amenazado por mafias criminales dominan la agenda de las preocupaciones de la población, hay dos países donde la presencia militar fue especialmente pesada tanto por la importancia de las Fuerzas Armadas en términos de representación real por sus efectivos y presupuesto en cuanto al período significativo en que estuvieron en el poder. Se trata de Guatemala y del propio Brasil. Ahora se deja de lado a Venezuela, donde el régimen de Maduro tiene un importante apoyo en la institución militar.

El presidente Jimmy Morales mantuvo un intenso idilio con las Fuerzas Armadas de Guatemala a partir del propio proceso electoral, cuando fue elegido en 2016, y que se extiende hasta el presente. Morales benefició al Ejército transfiriéndole recursos del Fondo de Desarrollo y se benefició de él al recibir un insólito bono extraordinario a título de responsabilidad entregada por el Ministerio de Defensa que tuvo que devolver después de la interposición de la Contraloría General de Cuentas. Es importante no olvidar que las fuerzas de seguridad del Estado son responsables del 93% de todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el período crítico comprendido entre 1981 y 1986. Todo ello en un país en que, según las Naciones Unidas, el conflicto armado hizo cerca de 200.000 muertos o desaparecidos.

En Brasil, fue aprobada en octubre la Ley 13.491 / 17, que amplió la competencia de la Justicia Militar Federal relacionada a los graves problemas del crimen organizado que asola al país. La ley no confiere ningún poder a la policía civil para investigar acciones de soldados que causan la muerte de civiles. De este modo, se ignora la jurisprudencia de la Corte Interamericana de que la justicia militar tiene carácter restringido, funcional y excepcional. En la misma dirección se discute en el Senado el proyecto de ley 352/201725 que puede alterar el Código Penal brasileño para calificar como legítima defensa cuando un agente de seguridad pública mata o hiere a quien porta ilegal y ostensiblemente un arma de fuego.

La militarización de la política de seguridad trae como consecuencia el aumento del poder irrestricto del Ejército y la consiguiente ampliación de las garantías legales que acaban dando impunidad a sus acciones. En ese sentido, la posición explícita del Comandante en Jefe del Ejército, Eduardo Villas-Boas, sobre el arresto de Lula, generan un clima de opinión que puede impregnar el resto de una región que comenzaba a mirar su futuro con algún optimismo después de la desmilitarización vivida en Colombia.

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