Militares y miembros de CIA podrán ser juzgados por crímenes de guerra

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El 3 de noviembre, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) informó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, «aquí hay una base razonable para creer que crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad se han cometido en relación con el conflicto armado en Afganistán «.
Bensouda escribió en un informe del 14 de noviembre de 2016, que su examen preliminar reveló «una base razonable para creer» que los «crímenes de guerra de tortura y malos tratos» habían sido cometidos «por fuerzas militares estadounidenses desplegadas en Afganistán y en centros de detención secretos operados por la Agencia Central de Inteligencia, principalmente en el período 2003-2004, aunque supuestamente continúa en algunos casos hasta 2014 «.

El fiscal señaló que los presuntos crímenes cometidos por la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses «no fueron abusos de unos pocos individuos aislados», sino que fueron «parte de las técnicas de interrogatorio aprobadas en un intento de extraer ‘inteligencia procesable’ de los detenidos».

De conformidad con el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional solo establece jurisdicción sobre las personas cuyo país de origen no quiere o no puede llevarlos ante la justicia. 

Al explicar por qué esta investigación de crímenes de guerra cae bajo la jurisdicción de la CPI, Bensouda escribió que las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre malos tratos a 101 detenidos se limitaron a si las técnicas de interrogatorio utilizadas por los interrogadores de la CIA no estaban autorizadas y violaban las leyes penales. 
El Fiscal General de los Estados Unidos (AG, por sus siglas en inglés) dijo que el Departamento de Justicia no procesará a nadie que actuó de buena fe y dentro de la orientación provista por la Oficina de Asesoría Legal (OLC).

Durante la administración Bush, el Congreso aprobó la Ley de Protección a los Miembros del Servicio Estadounidense, que dice que si las personas estadounidenses son enviadas a la CPI en La Haya, el ejército de EE.UU., puede sacarlas por la fuerza. 
La ley también restringe la cooperación de los Estados Unidos con la CPI y prohíbe la asistencia militar a los Estados partes en el Estatuto de Roma a menos que firmen acuerdos bilaterales de inmunidad con los EE.UU.

Sin embargo, de conformidad con el Estatuto de Roma, la CPI puede tomar jurisdicción sobre un nacional, incluso si no es un Estado parte, si comete un delito en el territorio de un Estado Parte. 
Estados Unidos se opone con vehemencia a esto, pero no es nada nuevo. Según los principios bien establecidos del derecho internacional, los crímenes que se procesan en la CPI: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son crímenes de jurisdicción universal.

La doctrina de la jurisdicción universal permite a cualquier país juzgar a ciudadanos extranjeros por los crímenes más atroces, incluso sin ninguna relación directa con el país acusador. Eso significa que otras naciones pueden llevar a los líderes estadounidenses a la justicia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Si se lleva a cabo una investigación completa de funcionarios estadounidenses según lo solicitado, «enviaría una señal clara a la administración Trump y a otros países del mundo de que la tortura está categóricamente prohibida, incluso en tiempos de guerra, y habrá consecuencias para autorizar y cometer actos de tortura «, según Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la ACLU.

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