Militares de Guatemala irán a juicio por ejecuciones extrajudiciales

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Un Tribunal de Apelaciones de Guatemala decidió que ocho militares y un coronel del Ejército Nacional  deberán enfrentar un juicio  por presunta ejecución extrajudicial de 6 ciudadanos campesinos en el año 2012. Esta decisión, se debió a que la Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso de casación que presentaron a la Fiscalía, con el fin de re evaluar estas situaciones y poder juzgar debidamente a los implicados. Pues consideraban que habían sido juzgados bajo los cargos incorrectos y debían ser condenados por ejecuciones extrajudiciales, lo que se considera una grave violación a los Derechos Humanos, caso que podría haber sido elevado a instancias internacionales.

Segun las investigaciones hechas por el ente acusador, las víctimas llevaban a cabo una manifestación pacífica en contra del aumento de los precios de la energía y rechazaban una reforma constitucional. Esto sucedió en un lugar denominado comúnmente «Cumbre de Alaska». Allí fueron raptados por efectivos del Ejército y les dispararon indiscriminadamente.

Las consecuencias fueron 6 campesinos muertos y 34 más resultaron heridos de gravedad.

Acusaciones a los responsables

Días después de los hechos, fueron detenidos ocho soldados, además del encargado del escuadrón que cometió el delito, el coronel Juan Chiroy, por ser los presuntos responsables de lo que se consideró una ejecución extrajudicial contra miembros de poblaciones indígenas.

La Fiscalía acusó a los militares del delito de ejecución extrajudicial, pero la Sala Segunda de Apelaciones modificó la acusación, procesando a los implicados por incumplimiento de deberes, comicio de emoción violenta y tentativa de homicidio de emoción violenta.

Hasta que este lunes, la Sala de Mayor Riesgo indicó que se juzgue a los militares por las ejecuciones extrajudiciales.

En febrero del año 2014, el Gobierno dirigido por el general retirado Otto Pérez Molina, quien hoy se encuentra en prisión preventiva por delitos de corrupción, entregó 6,55  millones de quetzales (845.161 dólares) a las familias de los seis indígenas asesinados por el ejército durante la protesta

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