Más de 1000 personas desaparecidas en sólo dos días en Colombia

0
265

Frente a una ola de desplazamiento forzado en varias partes del país, el Estado colombiano debe garantizar los derechos de las personas desplazadas y proporcionar protección a varias comunidades que siguen en peligro, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Entre el 17 y el 20 de enero más de 1.000 personas han sido desplazadas por la fuerza y ​​muchas más están en riesgo de desplazamiento debido a los enfrentamientos entre diferentes grupos armados en las zonas del Bajo Cauca, el sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare.

Según una declaración publicada el 22 de enero por la Defensoría del Pueblo de Colombia, el 17 de enero se desataron enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros, en el departamento de Nariño (municipio de Magüi Payán), que provocó el desplazamiento forzoso de 172 personas. En este mismo municipio, ya se había producido un enfrentamiento entre grupos armados el pasado 27 de noviembre, que resultó en la muerte de 13 personas. Hasta la fecha, no se informó ningún progreso en la investigación de estos eventos.

Desplazamiento forzado y asesinatos

Además, el 18 de enero, Plínio Pulgarín, presidente del Comité de Acción Comunitaria del pueblo de San Pedrito (municipio de San José de Uré), en el departamento de Córdoba, fue asesinado por un grupo armado ilegal llamado «Caparrapos», que también amenazó a la comunidad. Estos eventos llevaron al desplazamiento forzado de 375 familias ese mismo día, según informes de la Defensoría del Pueblo. Esto también creó un riesgo latente de desplazamiento forzado para los habitantes de la vecina Reserva Indígena Dochama.

El 19 de enero, en diez localidades del departamento de Antioquia (municipios de Cáceres y Caucasia), la Defensoría del Pueblo registró el desplazamiento de 383 personas de la Comunidad Indígena Zenú y otras comunidades rurales. Este desplazamiento fue resultado de hombres armados que advirtieron a la comunidad que habría un enfrentamiento con un grupo armado ilegal de Barro Blanco (municipio de Tarazá). Otras 350 personas que residen en las áreas circundantes también enfrentan un riesgo inminente de ser desplazados por la fuerza.

Además, el 20 de enero tres familias fueron desplazadas por la fuerza en la inspección de policía de Morcote (municipio de Playa), en el departamento de Boyacá, debido a enfrentamientos entre la policía y el ELN, y otras familias en la zona también corren el riesgo de ser desplazadas . Ese mismo día, el Consejo Comunitario Bajo Calima (municipio de Buenaventura), registró la presencia de grupos ELN, lo que generó temor entre las personas y puso a cinco comunidades en riesgo de desplazamiento forzado.

El conflicto armado en Colombia no tiene fin. El estado colombiano debe fortalecer los mecanismos para prevenir el desplazamiento forzado causado por los enfrentamientos entre grupos armados. Es imperativo, en el contexto del cese al fuego del ELN, que se respeten los derechos humanos de las personas y comunidades que viven en zonas de conflicto.

DEJA UNA RESPUESTA

¡Por Favor deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre