Los problemas en la garantías a los desmovilizados en Colombia

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Iván Márquez y El Paisa reaparecen en carta dirigida a Comisión de Paz
Iván Márquez y El Paisa reaparecen en carta dirigida a Comisión de Paz

La seguridad, como lo demuestran dos recientes asesinatos de miembros de las FARC, no está garantizada para los 7.400 guerrilleros que han estado esperando la amnistía desde julio.

 

El número de guerrilleros perdonados muertos varía dependiendo de quién es preguntado.

Para las FARC, hay cinco víctimas, mientras que para el Gobierno sólo hay dos. El problema, sin embargo, ha suscitado preocupación en los más altos niveles nacional e internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU acaba de encender la segunda Misión de Verificación en Colombia que, entre otras cosas, supervisará la reincorporación de las guerrillas a la vida civil. Los detalles de la misión aún no se han revelado, pero sabemos que comienza el 26 de septiembre y debe durar por lo menos 12 meses. El Secretario General de la ONU, António Guterres, estará a cargo personalmente.

La falta de garantías afecta a las familias

Aunque el gobierno ha dicho que no hay suficientes elementos para determinar que los asesinatos tienen una sola causa -como el paramilitarismo, por ejemplo-, sin embargo, reconoció que los miembros de las FARC están en peligro en algunos territorios. Por esta razón, ha adoptado una serie de medidas, como la creación de un Cuerpo de Policía de Elite y una Comisión de Garantías encabezada por el propio Presidente Juan Manuel Santos y que incluye a los Ministros de Interior, Defensa y Justicia.

Las FARC temen que la Comisión de Garantías pueda permanecer letra muerta. Una indicación de que esto podría ser así es el hecho de que el gobierno ha incluido hasta ahora sólo 315 ex combatientes de las FARC (de 7.400) en los cursos de Protección Nacional.

Esto ha sido estudiado en profundidad por el profesor Luis Trejos, de la Universidad del Norte. Para él, los últimos asesinatos constituyen «una grave amenaza para el proceso de consolidación de la paz, puesto que muestran la incapacidad del Estado no sólo para garantizar la seguridad de los miembros de las FARC sino también para detener el monopolio de la violencia en la periferia». Todo miembro de las FARC que regresa a la vida civil, añade Trejos, «puede verse como una amenaza al orden social que otros grupos armados han establecido fuera del Estado».

 

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