Las violaciones de DD.HH de militares en México son llevadas a la CIDH

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El caso de una familia de Ejido Benito Juárez es el primer caso relacionado con la guerra contra las drogas en México que se presenta ante el tribunal, parte del brazo de protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.

Analistas legales dicen que no solo se enfrentará al gobierno de México, sino también a la estrategia más amplia del país de usar soldados para combatir la delincuencia doméstica, una táctica controvertida que está ganando popularidad en Latinoamérica.

En los más de 11 años desde que México envió a decenas de miles de personal del ejército y la armada a las calles para luchar contra cárteles de la droga cada vez más poderosos, las FF.AA han enfrentado repetidas acusaciones de tortura, arrestos ilegales y ejecuciones extrajudiciales. Pero solo el 3% de las investigaciones de crímenes presuntamente cometidos por soldados dieron lugar a condenas, según un análisis del grupo de expertos Washington Office on Latin America, o WOLA.

A pesar de las objeciones internacionales, el Congreso de México aprobó recientemente una medida, conocida como Ley de Seguridad Interna, que fortalece aún más el papel de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad pública y expande sus poderes de vigilancia.

Mientras la Corte Suprema de México sopesa los desafíos a la constitucionalidad de esa ley, los defensores de los derechos humanos esperan que la Corte Interamericana use el caso Alvarado para exigir justicia para la familia y ofrecer una fuerte reprimenda de la ley de seguridad. Las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, son jurídicamente vinculantes en México, y la opinión del tribunal sobre la ley podría influir en la Corte Suprema.

Los partidarios del despliegue de las fuerzas armadas en el paro tradicionalmente reservado para la policía dicen que la medida fue una respuesta necesaria al aumento de la delincuencia y las agencias locales de aplicación de la ley mal dotadas y corruptas. Los críticos dicen que este enfoque militarizado se ha logrado a expensas del fortalecimiento de las instituciones civiles, como la policía y la fiscalía general de México, y ha provocado un aumento de la violencia.

Las cifras

Los homicidios se han más que duplicado desde entonces: el presidente Felipe Calderón lanzó la guerra contra las drogas en México a fines de 2006, enviando 6.500 soldados a su estado natal de Michoacán. Ese año, los fiscales mexicanos abrieron 11.806 investigaciones de homicidios, según datos del gobierno. El año pasado, abrieron 25,340.

Las desapariciones, secuestros de personas por parte de criminales, agentes del Estado u otros, también están en pie. El número de personas “desaparecidas” en todo el país fue más de 30,000 el año pasado, frente a las 26,000 en 2013, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.

El gobierno culpa a los grupos criminales por la gran mayoría de las desapariciones de México. Pero un análisis de 548 desapariciones entre 2005 y 2015 por el Observatorio de Desapariciones e Impunidad en México encontró que las autoridades federales, estatales y municipales fueron los perpetradores el 47% del tiempo.

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