La respuesta de América Latina al desplazamiento forzado

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La respuesta de América Latina al desplazamiento forzado
La respuesta de América Latina al desplazamiento forzado

Mientras América Latina lidera el camino para responder a los desplazamientos por la violencia criminal organizada, muchos de estos países siguen alcanzando las consecuencias del cambio de los conflictos de la Guerra Fría a la violencia criminal, explica David Cantor, de la Iniciativa para los Refugiados.

Hoy, el crimen organizado es el hilo conductor de las crisis de desplazamiento en la región, reflejando las tendencias de la sociedad, la economía y la violencia en toda América Latina.

El control de las bandas y las confrontaciones territoriales ayudan a impulsar el desplazamiento y los flujos de refugiados de las zonas urbanas de El Salvador, Guatemala y Honduras, y en menor escala en Brasil y México.

Las disputas de cartel sobre rutas y negocios han contribuido aparentemente a desplazamientos significativos en México y en el caso de Colombia, para Venezuela, la crisis democrática también ha generado otro tipo de desplazamiento

«Hoy en día, el crimen organizado es el hilo conductor de las crisis de desplazamiento en la región, que refleja las tendencias de la sociedad, la economía y la violencia en toda América Latina».

 

La estrategia de América Latina contra el desplazamiento forzado

El desplazamiento masivo desatado por la Guerra Fría en América Latina fue el ímpetu para la mayoría de los países de la región para respaldar el régimen global de refugiados y desarrollar sus propias leyes, políticas e instituciones nacionales para los refugiados.

América Latina está al frente del mundo al reconocer que la violencia criminal puede, en algunas circunstancias, calificar a las víctimas como refugiadas en virtud de la Convención de Refugiados de 1951 o de la definición de refugiados ampliados de América Latina en la Declaración de Cartagena de 1984.

Las directrices de elegibilidad de la Agencia de los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) en El Salvador, Honduras y Colombia han facilitado este cambio. Aún así, sigue siendo necesario articular más cuidadosamente cómo y cuándo huir de la violencia criminal se califica legalmente como «opinión política» (imputada) bajo la Convención de Refugiados.

El ACNUR y otros actores clave están intensificando las actividades humanitarias para las PDI que huyen de la violencia criminal, particularmente en Centroamérica. Honduras ya ha creado una institución para responder a los desplazados internos y otros estudios de alcance están en marcha en otros lugares.

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