La corrupción de la seguridad privada en América Latina

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Los aumentos en las empresas militares y de seguridad privadas han contribuido a la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en América Latina, según una nueva investigación de Diálogo Interamericano. El informe indica que, para los ricos de la región, se puede comprar seguridad y estas unidades pueden ir sin control.

Con más de 16,000 empresas (EMSP) en operación que emplean a más de dos millones de personas, estas compañías de seguridad contratan a más ciudadanos que la policía. Aunque este es un fenómeno en todo el mundo, la cantidad que trabaja para las EMSP en América Latina es significativa.

El estudio estima que la relación debe ser de cuatro miembros de EMSP a un oficial de policía en Brasil, cinco a uno en Guatemala y siete a uno en Honduras.

«La violencia e inseguridad de América Latina, impulsada por la corrupción gubernamental, el crimen organizado, los traficantes ilícitos, las pandillas callejeras y en ocasiones grupos paramilitares vinculados a las fuerzas gubernamentales, ha provocado un enorme crecimiento de la industria de la seguridad privada en toda la región», señala el informe.

Los gobiernos locales y extranjeros a menudo contratan a las EMSP para proporcionar capacitación y seguridad, y para ayudar a las fuerzas de seguridad pública. Sin embargo, la mayor parte del trabajo de las EMSP se lleva a cabo para grupos privados que pueden pagar por su propia seguridad.

Regulación de la empresa privada

El aumento de las EMSP no es sorprendente, dice el informe. Sin embargo, el gobierno debe abordar las cuestiones de política siempre que estas compañías contribuyan a la violencia y el crimen de la región mediante el «tráfico de armas o el ataque a ciudadanos que se interponen en el camino de los intereses de sus clientes».

En algunos casos, esto ha significado asesinar a personas y activistas locales que se han manifestado contra clientes, especialmente clientes más grandes como corporaciones que buscan petróleo u otros recursos naturales.

Una complicación adicional de la responsabilidad de las EMSP en estos países es la falta de registro. Todos los países de América Latina tienen leyes para registrar las EMSP, pero no las hacen cumplir. De hecho, algunos PMSC evitan el registro debido a las costosas tarifas involucradas.

«Es más fácil simplemente encontrar un grupo de amigos y comenzar a ofrecer servicios a empresas locales cercanas que necesitan seguridad pero no pueden pagar los precios, más impuestos, de las empresas reguladas», dijo James Bosworth, que coescribió el informe, según Reuters.

El informe recomienda que los gobiernos latinoamericanos utilicen el Documento de Montreux, un acuerdo internacional que proporciona un marco para las EMSP en zonas de guerra, como una guía para regular las EMSP locales así como también para hacer cumplir las leyes actuales cuando las EMSP las violan.

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