Justicia Especial para la Paz abre caso de «Falsos Positivos»

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El tribunal de guerra de Colombia, Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió su primer caso por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Las ejecuciones extrajudiciales o mejor conocidos como «falsos positivos» son el asesinato de civiles, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del combate a grupos armados irregulares para demostrar resultados por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia.

La Cámara de Reconocimiento y Verdad de la JEP abrió el «caso 003», a causa del quinto informe de la Fiscalía General titulado «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado». Según el cual, un total de 2.248 víctimas fueron asesinadas por las fuerzas del Estado y vestidas de guerrilleros para ser presentadas como asesinatos de combate entre 1998 y 2014, de las cuales el 48% eran hombres de entre 18 y 30 años de edad.

Otra de las conclusiones el informe fue que el periodo donde se intensificó esta práctica que viola los Derechos Humanos, fue el comienzo de la presidencia de Álvaro Uribe en 2002, alcanzando su período más crítico entre 2006 y 2008, además que 4 de las 8 divisiones del Ejército Nacional concentraron el 60% de los casos de asesinato.

Ejecuciones extrajudiciales por año

Los homicidios se presentaron en registros y en medios nacionales como muertes de combate y se usaron para dar a las personas la falsa sensación de que la llamada política de «Seguridad Democrática» de Uribe fue un éxito.

Hasta el momento, 2.159 miembros de la fuerza pública se han presentado ante la JEP que permite que los soldados encarcelados regresen a sus hogares para esperar un juicio.

Casi 1,000 miembros de las Fuerzas Armadas han sido liberados de la cárcel después de registrarse en el JEP.

En junio de este año, los legisladores colombianos aprobaron una ley que detalla el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que incluye una disposición propuesta por los partidarios del presidente electo Iván Duque, que probablemente detenga los procesamientos por asesinatos del ejército y otros abusos.

A menos que los demandados soliciten lo contrario, la disposición suspende los enjuiciamientos de la Jurisdicción Especial de los soldados de las Fuerzas Armadas de Colombia hasta que el gobierno cree un «proceso especial y diferenciado» para ellos.

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