Juristas afirman que el paramilitarismo continúa en Colombia

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El paramilitarismo es un fenómeno político, económico, social y cultural arraigado en Colombia, afirmaba un estudio de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

La versión apoyada por el Estado para identificar a estos grupos armados solo como Bandas de Crimen Organizado (Bacrim) está lejos de la realidad e ignora las profundas dimensiones del paramilitarismo, dijo El Espectador.

Según la CCJ, las organizaciones sucesoras del paramilitarismo tienen vínculos claros con las llamadas Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia e incluso sus raíces históricas se remontan a mediados de los años sesenta.

Otras instituciones, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, sostienen que las estructuras armadas actuales responden a organizaciones neoparamilitares con un vínculo directo con las estructuras antes de la desmovilización de las AUC en 2005.

Armas para los civiles

Silvia Becerra, autora del libro Organizaciones sucesoras del paramilitarismo, afirma que este fenómeno ha sido reproducido en Colombia por un marco legal que lo ha favorecido, desde el decreto 3398 de 1965 que autoriza a los militares a entregar armas a los civiles.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, existen 27 departamentos en el país con presencia de grupos armados ilegales que son sucesores del paramilitarismo.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos también han denunciado que los paramilitares han ocupado áreas del territorio nacional donde anteriormente operaban las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ejército de Colombia.

El estudio antes mencionado insta al Estado a aceptar la validez del paramilitarismo para garantizar su desmantelamiento. Si no, crea confusión cuando se trata de lidiar con eso, señala el informe de la CCJ citado por El Espectador.

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