Jefe del Ejército de Myanmar habla sobre masacre Rohingya

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El poderoso jefe del ejército de Myanmar dio una rara entrevista a los medios de comunicación extranjeros para insistir en que no había «ninguna prueba» de que el ejército había perseguido a la apátrida comunidad musulmana rohingya.

Alrededor de 740,000 rohingya huyeron por la frontera hacia Bangladesh después de una sangrienta campaña militar en 2017.

La ONU condenó la represión cuando la limpieza étnica y los investigadores pidieron que los líderes militares principales, incluido el General en Jefe Min Aung Hlaing, fueran procesados ​​por genocidio.

Pero el ejército ha mantenido que sus operaciones estaban justificadas para erradicar a los insurgentes rohingya tras una serie de ataques mortales contra puestos de la policía y ha negado casi todas las acusaciones de irregularidades.

En una entrevista publicada el viernes en el periódico japonés Asahi Shimbun, Min Aung Hlaing duplicó las afirmaciones anteriores, argumentando que «no hay pruebas concretas de que el ejército nacional haya participado en la persecución» de Rohingya.

El jefe del ejército agregó que las acusaciones de que el ejército cometió atrocidades «dañan la dignidad de la nación».

Min Aung Hlaing rara vez habla con la prensa y, en cambio, prefiere comunicarse a través de Facebook, pero el gigante de los medios sociales lo echó de la plataforma el año pasado por su papel en avivar el discurso del odio.

Sus comentarios estaban en desacuerdo con el testimonio de Rohingya en los campamentos abarrotados de Bangladesh.

Denuncias por violación de Derechos Humanos

Los refugiados han relatado el asesinato generalizado, la violación, la tortura y la quema de aldeas enteras a manos de los soldados de Myanmar.

Un informe de un sondeo de la ONU publicado en septiembre también describió las atrocidades cometidas por los militares con meticuloso detalle.

Dijo que las «operaciones de limpieza» de Myanmar fueron desproporcionadas con los ataques de los insurgentes y citó los despliegues previos de tropas como evidencia de premeditación.

Los investigadores solicitaron que Myanmar sea remitido a la Corte Penal Internacional (CPI), pero cualquier camino hacia el procesamiento sería largo y lleno de dificultades políticas en la ONU.

El gobierno civil de Aung San Suu Kyi sigue en un frágil acuerdo de poder compartido con los militares, que tiene tres ministerios clave y una cuarta parte de los escaños parlamentarios.

La reputación internacional de Suu Kyi se encuentra en jirones por negarse a defender a los Rohingya.

En Myanmar, los rohingya son vistos como intrusos de Bangladesh y se les ha negado la ciudadanía, los derechos y el acceso a los servicios durante décadas bajo lo que Amnistía Internacional llama condiciones similares al apartheid.

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