Informe de la ONU sobre los Derechos Humanos en Venezuela

0
5062

Despues de su visita de tres (3) días a Venezuela, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet presentó en Ginebra (04 de Julio de 2019 ) el «Informe de la ONU sobre los Derechos Humanos en Venezuela», un documento donde se detalla la grave situación que atraviesa el país, en donde se ven involucrados torturas, asesinatos, crisis sanitarias y migratorias, perpetuadas por parte de las autoridades del gobierno venezolano, contando con altos casos de inanición.

El documento elaborado gracias a la petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, abarca un periodo entre enero de 2018 y Mayo de 2019.

El informe se basa en 558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes garantizando la confidencialidad. Adoptó todas las precauciones posibles para proteger las identidades de las fuentes, y observa que muchas de estas manifestaron su temor a represalias.

«El ACNUDH mantuvo 558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad[1]. Además, celebró 159 reuniones con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales[2]. Según su metodología, el ACNUDH solicitó el consentimiento informado de las fuentes entrevistadas para emplear las informaciones facilitadas y, cuando procedía, les garantizó confidencialidad. Adoptó todas las precauciones posibles para proteger las identidades de las fuentes, y observa que muchas de estas manifestaron su temor a represalias.»

                   [1]  460 entrevistas fueron realizadas en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota.

                   [2]  En la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Suiza, y Venezuela.

Resumen, Puntos más importante del informe:

Derechos económicos y sociales

  1. La crisis económica y social se agudizo considerablemente entre 2018 y 2019.
  2. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionada violaciones de sus derechos.
  3. A pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumento en el salario minimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de susistencia.
  4. El desvio de recursos, corrupción y falta de garantias, genera un deterioro en la calidad de vida, además que de falta de garantias para acceder a servicios basicos, alimentos y medicamentos.
  5. Las cajas CLAP (de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción), llegan a 6 millones de hogares, pero solo son incluidas en las listas Familias o Personas partidarias del Gobierno.
  6. El Gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela. Pero la gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios Estados y una organización regional son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo a altos funcionarios de Gobierno, o embargos de armas.
  7. El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación a la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales.

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

  1. El Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.  Limitando el acceso a la inforamción independiente de las personas que no tienen acceso a internet.
  2. Aumento en los casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales.
  3. El 13 de mayo de 2016, el Presidente de la República declaró el “estado de excepción”, que desde entonces ha sido renovado cada 60 días. El decreto otorga amplias facultades, vagas y discrecionales, al poder Ejecutivo con el propósito declarado de, entre otras cosas, preservar el orden interno.
  4. Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los Juzgados y la Defensoría del Pueblo, no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes, contribuyendo a la impunidad y a la repetición de las violaciones.
  5. Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno. Especialmente la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.
  6. En ciertas protestas políticas, la GNB, la PNB, las FAES y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones.
  7. Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” implementadas de 2015 a 2017, donde según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas.
  8. Casi dos años después de su creación, la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública no ha publicado su informe sobre la violencia política que tuvo lugar entre 1999 y 2017.

GRUPOS SITUACIÓN DE RIESGO

    1. El cierre de las fronteras de Venezuela tuvo consecuencias graves en los grupos indígenas cuyos territorios tradicionales se extienden a ambos lados de la frontera, como los wayuu.
    2. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados.

MIGRANTES Y REFUGIADOS

    1. El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.
    2. Las personas venezolanas tropiezan con obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho a tener una identidad.

Si desea revisar el informe de forma detalla, lo invitamos a descargue el documento en la pagina de Naciones Unidas a continuación: «Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos«

Lo interesante de la situación es que justo despues de presentar el informe, el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro decidio hacer varios cambios en los altos mandos militares, lo que seria una Renovación del Estado Mayor Militar de Venezuela. 

DEJA UNA RESPUESTA

¡Por Favor deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre