Hoy se dará el juicio sobre derechos humanos contra Ford en Argentina

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Los acusados, Héctor Sibilla y Pedro Muller, han estado en juicio desde el pasado, acusados de complicidad en la persecución de líderes sindicales en la planta de Ford en Buenos Aires.

El veredicto se espera el martes en el juicio de dos ex ejecutivos de Ford Motor Company en Argentina que están acusados ​​de participar en la “guerra sucia” de la dictadura militar contra la disidencia izquierdista.

El juicio, el primero de su tipo aquí, ha puesto de relieve la conducta de las empresas multinacionales en Argentina durante el brutal gobierno de la junta militar de 1976 a 1983.

Los acusados, Héctor Sibilla y Pedro Muller, han estado en juicio desde el pasado mes de diciembre, acusados ​​de complicidad en la persecución de líderes sindicales en la planta de Ford en Buenos Aires.

Los fiscales han solicitado penas de cárcel de 25 años para ellos, la pena máxima.

Testimoniso en el juicio

El tribunal ha escuchado testimonios de decenas de personas, entre ellas Pedro Troiani y Carlos Propato, que eran líderes sindicales en Ford en Argentina cuando fueron detenidos en la fábrica y torturados por la dictadura militar.

Fueron recluidos prisioneros durante dos años y se enviaron cartas a sus familias que decían que habían sido despedidos por no presentarse al trabajo.

También en juicio, el ex general Santiago Riveros, que dirigía un centro de detención secreto llamado Campo de Mayo, donde estaban los hombres. Anteriormente ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad.

Se han presentado quejas contra otros fabricantes de automóviles internacionales, como Mercedes Benz, Renault y Fiat, pero solo el caso de Ford ha llegado a juicio.

“Esperamos que haya un veredicto de responsabilidad, para que se haya resuelto que hubo una complicidad entre los negocios y la dictadura, lo cual es muy importante para la historia de Argentina”, dijo el abogado de víctimas Tomas Ojea a la AFP.

Es la primera vez que los ejecutivos de una empresa multinacional son juzgados por delitos cometidos durante la dictadura.

La propia compañía no está implicada, pero los fiscales están tratando de demostrar que hubo complicidad con la dictadura responsable de las muertes y desapariciones de unas 30.000 personas, según organizaciones de derechos humanos.

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