Guatemala enfrenta colapso de orden constitucional

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Activistas y políticos guatemaltecos advierten de un colapso en el orden constitucional tras el rechazo por parte del gobierno de un fallo judicial que anula la decisión del presidente de prohibir a un comisionado internacional anticorrupción del país.

A última hora del domingo, el Tribunal Constitucional votó a favor de revocar una medida del gobierno, emitida a principios de este mes, que prohibía a Guatemala la presencia de la cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad respaldada por la ONU.

Luego del fallo, los altos funcionarios dijeron a los periodistas que el gobierno no aceptaría a Velásquez como comisionado de la CICIG y que enviaría a la ONU una solicitud de una lista de reemplazos sugeridos.

Los acontecimientos provocaron una feroz respuesta de grupos de derechos y otros, incluida Iduvina Hernández, directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en la Democracia, que dicen que el manejo del gobierno es una «prueba de fuego para el presidente y para institucionalidad».

Leocadio Juracan, un político de la oposición del partido Convergencia, inicialmente celebró el fallo del tribunal del domingo, pero dijo que estaba preocupado por un colapso constitucional relacionado con la respuesta del gobierno.

Según Juracan, las personas en el poder han utilizado su poder para cubrirse con la impunidad y eso es lo que está sucediendo ahora en Guatemala.

Papel de la Corte

La CICIG ha jugado un papel clave en la lucha contra la corrupción gubernamental en Guatemala, trabajando junto a los fiscales guatemaltecos para llevar casos contra altos funcionarios, jueces y ejecutivos corporativos.

El enjuiciamiento de la corrupción se ha disparado durante los cinco años que Velásquez, un ex juez colombiano, ha sido comisionado de la CICIG. En 2015, el entonces presidente Otto Pérez Molina se vio obligado a renunciar y fue arrestado de inmediato luego de una investigación por corrupción.

Elegido a fines de 2015, Jimmy Morales, presentó una plataforma anticorrupción y prometió apoyar a la CICIG. Ese apoyo pareció tambalearse luego de que Morales y su partido se convirtieran en sujetos de investigaciones sobre el financiamiento ilegal de campañas.

Morales declaró a Velasquez persona non grata en 2017, pero un fallo de la Corte Constitucional anuló la medida. Aunque Morales acató el fallo en ese momento, anunció a fines del mes pasado que no renovaría el mandato de la CICIG, que concluirá en septiembre de 2019, y prohibió nuevamente la entrada de Velásquez al país, lo que provocó una serie de desafíos y protestas legales.

El domingo, el tribunal dictaminó que a Velásquez se le permite regresar al país, diciendo que en el momento en que se le niegue la entrada, habrá consecuencias legales. El fallo fue celebrado por aquellos que se reunieron afuera de la sala del tribunal luego de la decisión.

Sin embargo, ese optimismo pronto se convirtió en preocupación, luego de que altos funcionarios anunciaron el lunes que no estaban obligados a permitir que Velásquez regrese al país, argumentando que el fallo no menciona a Velásquez por su nombre.

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