Grupo de DD.HH acusa a militares de Myanmar de genocidio a Rohingya

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Según un informe publicado el jueves por el grupo Fortify Rights basado en el testimonio de 254 sobrevivientes, funcionarios y trabajadores durante un período de 21 meses

El informe de 162 páginas dice que el éxodo de alrededor de 700,000 musulmanes Rohingya a Bangladesh el año pasado fue la culminación de meses de meticulosa planificación por parte de las fuerzas de seguridad.

La ONU y EE. UU. han llamado a la campaña limpieza étnica. Myanmar niega las acusaciones y dice que respondía a un ataque de los militantes rohingya

Pero Fortify Rights dijo que su informe, basado en meses de investigación en Myanmar y Bangladesh y cientos de entrevistas con víctimas y autoridades, encontró que las fuerzas de seguridad desarmaron a los civiles rohingya y entrenaron a comunidades no rohingyas para luchar.

El ejército de Myanmar también cortó la ayuda alimentaria de Rohingya y retiró la cerca de sus casas para tener una línea de visión más clara, según el informe.

Instancias internacionales

Fortify Rights nombra a 22 oficiales de policía y militares que, según dice, eran directamente responsables de la campaña contra los rohingya y recomienda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los remita a la Corte Penal Internacional (Te puede interesar: Militares de Myanmar pueden ser investigados por CPI: caso Rohingya)

El informe también dijo que los ataques mortales de agosto del Ejército de Salvación Rohingya Arakan (ARSA), que Myanmar ha citado como una razón para su contraofensiva, era una operación mucho más ad hoc de lo que se creía anteriormente, y que los planes de represión ya estaban en marcha.

A partir de octubre de 2016, los militares y funcionarios locales de Myanmar retiraron metódicamente herramientas afiladas que los rohingya podían usar para la autodefensa, destruyeron vallas alrededor de las casas rohingyas para facilitar incursiones militares, armaron y entrenaron a budistas rakhine étnicos y cerraron el grifo de ayuda internacional para la empobrecida comunidad rohingya, dice el informe Fortify Rights.

Los grupos de derechos humanos han utilizado la frase crímenes de lesa humanidad para describir la expulsión de los rohingya, pero muchos se han quedado cortos con el término genocidio.

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China, han apoyado previamente a Myanmar y lo han defendido de una mayor censura. Un portavoz del gobierno de Myanmar no respondió a una solicitud de comentarios.

El informe también condenó a los militantes rohingya por el supuesto homicidio de civiles rohingya que según afirmaron fueron informantes del gobierno. El gobierno de Myanmar también culpó a ARSA por la matanza de docenas de hindúes en Rakhine después de que fueron encontrados en fosas comunes.

El Ejército de Salvación Rohingya de Arakan ha negado haber cometido abusos contra los no combatientes.

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