General de Ejército de Colombia ante la Jurisdicción Especial para la Paz

Por primera vez, un general del ejército se disculpó con las víctimas por su presunto papel en la ejecución masiva de civiles que se intensificó bajo el mandato del ex presidente Álvaro Uribe.

El general Henry Torres apareció el martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de crímenes de guerra creado como parte de un proceso de paz que busca poner fin a décadas de conflicto armado y proporcionar justicia a millones de víctimas.

Según la fiscalía, Torres fue uno de los comandantes militares que participó en el asesinato de al menos 4.500 civiles durante las dos administraciones de Uribe, que ha rechazado el sistema de justicia transicional.

Los homicidios se presentaron en registros y en medios nacionales como muertes de combate y se usaron para dar a las personas la falsa sensación de que la llamada política de “Seguridad Democrática” del ex presidente Álvaro Uribe Vélez fue un éxito.

El general estuvo acompañado por el abogado personal del ex presidente, Jaime Granados, quien negó que el comandante del ejército haya tenido algo que ver con los asesinatos por los que fue arrestado.

Sin embargo, contribuir con la verdad “no significa aceptar responsabilidad”, destacó el abogado.

“No he causado ni ordenado ninguna de las muertes”, dijo a la corte Torres, quien ha sido acusado de desempeñar un papel en 113 homicidios cometidos bajo su vigilancia.

El ex general también está acusado de encubrir a otros funcionarios acusados ​​en casos de falsos positivos.

Relación con los falsos positivos

Torres, el ex comandante de la XVI Brigada, está acusado de participar en los llamados “falsos positivos”, las ejecuciones de civiles cuyas muertes se presentaron al público como el combate mata.

La fiscalía colombiana documentó a más de 4.500 víctimas de “falsos positivos”, que implican a más de 5.000 miembros de las fuerzas armadas.

Un estudio reciente dice que más de la mitad de los asesinatos de combate informados bajo Uribe no eran guerrilleros, sino civiles inocentes, lo que creó una falsa sensación de que los militares estaban ganando el conflicto armado con las FARC y otros grupos rebeldes que comenzaron en 1964 y terminaron después de un acuerdo de paz en 2016.

Torres es uno de los 23 generales cuyo enjuiciamiento ha sido demandado por la Corte Penal Internacional, que está monitoreando la capacidad del sistema de justicia de Colombia de llevar a los criminales de guerra ante los tribunales.

Hasta el momento, 2.159 miembros de las fuerzas de seguridad nacional se han presentado en este tribunal que permite que los soldados encarcelados y condenados esperen un juicio en casa y evadan la prisión.

Casi 1,000 miembros de las fuerzas de seguridad han sido liberados de la cárcel después de registrarse en el JEP.

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