Fuerza pública de Venezuela es investigada nuevamente por abuso de autoridad

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La oposición venezolana moviliza voluntarios para distribuir ayuda
La oposición venezolana moviliza voluntarios para distribuir ayuda

Una nueva investigación proporciona evidencias condenatorias de abusos y delincuencia asociados con una controvertida iniciativa de seguridad en Venezuela, lo que aumenta las crecientes preocupaciones sobre el apoyo del gobierno al programa.

Desde su inicio en 2015, la operación policial-militar ha estado vinculada repetidamente a masacres, ejecuciones extrajudiciales, colusión con grupos del crimen organizado y abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura y la detención ilegal.

La nueva investigación aporta pruebas adicionales de estas acusaciones en forma de testimonios de víctimas y funcionarios de seguridad involucrados en el OLP, entrevistas con expertos, análisis de documentos oficiales y datos, así como visitas de campo a los cinco estados venezolanos con mayor número de registró víctimas OLP.

El testimonio de las víctimas, da una cara más humana a los problemas con el OLP y proporciona informes detallados de las acciones de los involucrados en la realización de las operaciones controvertidas.

Según el nuevo informe, el OLP ha provocado al menos 560 muertes e innumerables violaciones de derechos humanos entre julio de 2015 y junio de 2017.

Incremento de la violencia en Venezuela

Además de causar estragos en las comunidades marginadas, el informe encontró que las operaciones de la OLP han hecho poco para frenar la violencia o la delincuencia. Las tasas de homicidios, extorsiones y secuestros han aumentado, en gran parte debido a que el OLP ayudó a transferir el control territorial a grupos armados progubernamentales conocidos como «colectivos», dice el informe.

La investigación indica que muchas de las operaciones de la OLP no se enfocaban en la reducción de la delincuencia, sino en proteger los intereses de los militares y altos funcionarios gubernamentales, entregando el control criminal a colectivos amistosos e incluso persiguiendo vendettas personales.

El gobierno de Maduro ha mostrado poco interés en reconocer o abordar los problemas con el OLP, y en su lugar se ha centrado en consolidar a un grupo de leales a su alrededor, muchos de los cuales han sido acusados ​​de tener vínculos con actividades delictivas.
Un ejemplo reciente de esta dinámica se produjo con el derrocamiento de la renegada procuradora general Luisa Ortega Díaz, que había surgido como un crítico franco del gobierno de Maduro y había denunciado el OLP.

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