Ex guerrilleros de FARC, en Colombia, comparecen a primer llamado de JEP

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Los ex comandantes rebeldes de las Farc en Colombia han comparecido ante un tribunal histórico donde por primera vez fueron obligados a responder por secuestros y desapariciones forzadas bajo los términos de un acuerdo de paz.

«Pedimos disculpas a todos ellos, haremos lo imposible para que puedan saber la verdad de lo sucedido, asumiremos nuestras responsabilidades», dijo Rodrigo «Timochenko» Londono, el líder de lo que hasta hace poco era el grupo guerrillero más poderoso en Sudamerica.

Él estaba hablando en un tribunal que se inauguró el viernes bajo un sistema de verdad y reconciliación acordado con el gobierno para reconocer a los cientos de miles de víctimas de más de medio siglo de confrontación.

Durante su larga y fallida lucha por el poder, las Farc recurrieron a secuestros con fines económicos y políticos. Miles de rehenes, incluidos militares, policías y políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt, permanecieron durante años en las profundidades de la jungla antes de ser rescatados o liberados, y muchos otros perecieron en cautiverio (Te puede interesar: Operación Jaque del Ejército de Colombia cumple 10 años).

La fiscalía ha documentado a 8,163 víctimas de secuestro involucrando a los rebeldes. La Jurisdicción Especial para la Paz (conocida por sus siglas en inglés, JEP) está examinando el período comprendido entre 1993 y 2012 (También: Jurisdicción Especial y Acuerdo de Paz en Colombia).

La cita de los ex guerrilleros

Treinta y un comandantes de las Farc fueron convocados a la primera audiencia, pero solo Timochenko y otros dos aparecieron en persona. El resto envió abogados, mientras que uno -Jesús Santrich, actualmente detenido en Bogotá y en espera de ser extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico- participó por videoconferencia (También: Noticias Militares de Colombia: Santrich capturado por narcotráfico).

Los ex rebeldes se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas como parte del acuerdo de 2016 que desarmó a 7.000 combatientes de las Farc y llevó al grupo a convertirse en un partido político el año pasado.

Cumplir con los términos dará lugar a penas de cinco a ocho años en un entorno no penitenciario que aún no se ha definido. Si no cumplen con sus obligaciones, es probable que reciban entre 15 y 20 años de prisión.

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