Ex general de Colombia en espera de la Justicia Transicional

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Más de 1000 personas desaparecidas en sólo dos días en Colombia
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Un juez colombiano ordenó la liberación del ex general del ejército Rito Alejo del Río, un aliado cercano del ex presidente Alvaro Uribe y la ya desaparecida organización paramilitar AUC.

Del Rio fue condenado a 25 años de prisión en 2012 por su papel en el asesinato en 1997 de un líder social por parte de fuerzas paramilitares en la región de Urabá, en el noroeste del país.

El ex general también es investigado por los asesinatos del candidato presidencial anticorrupción Álvaro Gómez (Partido Conservador) en 1995 y el comediante Jaime Garzón en 1999.

Del Río se le permite esperar su juicio ante un tribunal de justicia de transición después de jurar decir la verdad sobre los crímenes de guerra que supuestamente cometió y reparar a sus víctimas.

La relevancia de los crímenes cometidos

El ex comandante de la séptima Brigada del Ejército Nacional es uno de los criminales de guerra militares más prolíficos y un aliado de Uribe desde hace mucho tiempo, que se ha opuesto firmemente al sistema de justicia transicional acordado con las FARC para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

Mientras que Del Rio era uno de los generales que mandaban de la séptima división que se basa en Medellín, Uribe era gobernador de la provincia de Antioquia de que esta ciudad es la capital.

La séptima división es una de las unidades militares más polémicas de Colombia debido a la participación de sus miembros en la violencia paramilitar y la ejecución masiva de civiles inocentes supuestamente llevados a cabo con el conocimiento de los comandantes.

Si el general jubilado dice la verdad y repara a sus víctimas, la decisión de Del Rio de tomar parte en el tribunal de justicia transitorio podría resultar en que su sentencia de prisión fuera renunciada por el sistema de justicia post-conflicto.

Miles de presuntos criminales de guerra, incluyendo docenas de altos mandos militares, tienen la opción de buscar beneficios judiciales a cambio de la reparación de la verdad y la víctima.

Aquellos que se niegan a cooperar pueden ser juzgados ante un tribunal civil donde no se pueden conceder beneficios judiciales.

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