Desplazamientos de norte de Colombia por el conflicto armado

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Los enfrentamientos entre paramilitares de AGC, guerrilleros del ELN y militares han desplazado a 1.500 personas de una zona rica en coca y oro en el norte de Colombia, según organizaciones de ayuda.

Según los informes, un tercer grupo delictivo, Los Caparrapos, ha estado involucrado en la violencia que se ha intensificado en la región del Bajo Cauca que se encuentra a unas 80 millas al norte de Medellín.

Según el Consejo Noruego para los Refugiados, que está ayudando a las víctimas de los conflictos armados en la región, «los enfrentamientos entre grupos armados siguen causando temor entre las comunidades indígenas y las poblaciones rurales».

Bajo Cauca es una de las regiones en Colombia que tradicionalmente ha sido descuidada por el estado, lo que la ha hecho atractiva para actividades ilegales como la extracción de oro y el cultivo de coca, el ingrediente base para la cocaína.

Nuevos grupos criminales en Colombia

La desmovilización de las FARC, hasta el año pasado, el mayor grupo guerrillero de Colombia, provocó enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que están compitiendo para llenar el vacío de poder.

Además del combate en las áreas rurales, la ciudad de Caucasia, el centro de comercio de drogas y comercio de oro más importante de la región, ha visto tensiones entre la AGC y Caparrapos.

Las fuerzas de seguridad colombianas han sido duramente criticadas por no brindar seguridad en regiones como Bajo Cauca después de la desmovilización de las FARC.

Las Naciones Unidas, que monitorean el proceso de paz con los ex guerrilleros, dijeron la semana pasada que los homicidios en el Bajo Cauca han aumentado un 225% desde la desmovilización de las FARC.

Para desentrañar las madejas de violaciones en el Bajo Cauca, y así poder garantizar el restablecimiento de los derechos de las comunidades y pueblos en sus territorios en condiciones de vida dignas, recomendamos que el desarrollo de una estrategia que se adopte comience con un análisis de factores tales como: corrupción, pobreza, falta de participación política y falta de acceso a servicios básicos en el área. Además, el Estado debe tener en cuenta que la implementación de dicha estrategia debe mantenerse a largo plazo y lograr la coordinación entre las autoridades locales, departamentales y nacionales.

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