Críticas por papel de militares brasileros en asistencia a inmigrantes

0
163

Un mismo hecho está siendo celebrado y lamentado al mismo tiempo por instituciones de visiones opuestas a nivel federal: la política de acogida y de manejo de los 111.581 venezolanos que entraron en Brasil entre 2017 y los tres primeros meses de 2018. La Operación Acogida, como es llamado, fue un éxito, en la visión de la Casa Civil, del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República.

Sin embargo, para el Consejo Nacional de Derechos Humanos, esa operación tuvo la característica nociva de «militarizar la respuesta humanitaria» dada a la cuestión migratoria en Brasil, al delegar a las Fuerzas Armadas un papel central en la cuestión. El Consejo Nacional de Derechos Humanos fue creado por ley federal y está formado por representantes del Ministerio Público Federal, de la Defensoría Pública de la Unión y de otros organismos públicos, además de organizaciones de la sociedad civil. Su función es apurar conductas contrarias a los derechos humanos y sugerir políticas para el sector.

Y las críticas constan de un informe técnico publicado el viernes, tras visitas realizadas por miembros del consejo en los estados de Roraima, Pará y Amazonas. Las críticas presentadas en ese caso fueron rechazadas en nota, tanto por la Defensa y por la Casa Civil. Ambos órganos dijeron que ni siquiera reconocen el término «militarización de la respuesta humanitaria», utilizado por el consejo.

La legislación

La cuestión del marco legal del debate refleja una disputa existente, no sólo en Brasil, sobre la creciente mezcla de acciones militares y humanitarias bajo un mismo paraguas. El agravante, en el caso brasileño, es que el Estatuto del Inmigrante, creado en 1980, durante el régimen militar, fue sustituido en 2017 por una nueva Ley de Migración. El estatuto ponía sobre el fenómeno migratorio y los extranjeros de manera general un carácter de seguridad nacional, con gran protagonismo de los órganos de seguridad. La nueva ley propone una gestión civil y humanitaria del asunto. Para el Consejo Nacional de Derechos Humanos, ese avance legislativo, conquistado después de 38 años, está siendo puesto bajo riesgo por la forma en que Brasil manejó el primer gran caso de migración desde que la nueva ley pasó a existir.

En el informe técnico, el consejo dice que -aunque, formalmente, el comando de las acciones ha sido delegado a la Casa Civil, y la Defensa ha quedado con el papel ejecutivo – «es la Defensa quien ha desempeñado un papel de liderazgo en el diseño de las acciones, coordinación de las actividades y su ejecución «en la práctica.

Otra queja se refiere a un repaso de R $ 190 millones hecho al Ministerio de Defensa para sufragar las operaciones, a través de la Medida Provisional 823. El consejo se queja de la dificultad de acompañar esos gastos, pues el área de la Defensa puede alegar razones de seguridad para no entregar información. El informe no hace ninguna referencia a quejas de inmigrantes en relación con el uso de la fuerza por los militares en el proceso de acogida.

DEJA UNA RESPUESTA

¡Por Favor deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre