En medio de críticas, México fortalece el rol de los militares

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Poco después de asumir el cargo en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón envió soldados a su estado natal de Michoacán, el comienzo de un esfuerzo nacional para acabar con los cárteles de la droga de México.

Se suponía que los soldados patrullaban ásperas esquinas del país temporalmente, hasta que los cárteles fueron aplastados y las fuerzas de policía en ruinas fueron debidamente entrenadas y equipadas.

Once años después, los soldados continúan combatiendo el crimen organizado, aun cuando la violencia sigue siendo generalizada y las acusaciones de abusos contra los derechos humanos van en contra de las fuerzas armadas.

Un proyecto de ley en debate en el Senado mexicano podría ayudar a mantener a los soldados en las calles en el futuro previsible. La Ley de Seguridad Interna consagraría el papel del ejército mexicano en la aplicación de la ley y podría ampliarlo.

Los proponentes dicen que la ley resolvería los problemas legales potenciales que rodean el despliegue de las fuerzas armadas para la lucha contra el crimen doméstico.

La constitución de México limita el uso del ejército en situaciones domésticas en tiempo de paz. Pero las fuerzas son necesarias para combatir el crimen debido a la incompetencia y corrupción de las fuerzas policiales locales, dicen los partidarios.

Los opositores temen que la nueva medida ponga en riesgo la militarización del país, debilite la supervisión civil y ofrezca menos incentivos para que los políticos locales arreglen sus fuerzas policiales.

Los críticos incluyen a los políticos de la oposición mexicana y al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, quien recientemente calificó la legislación de «profundamente preocupante».

El proyecto

El proyecto de ley establece los parámetros para que el presidente autorice la acción militar.

Establece un marco legal para que las fuerzas federales asuman funciones de seguridad pública, como la captura de los jefes de los cárteles, el manejo de los puntos de control de las carreteras y, cada vez más, la confrontación con poderosas mafias que extraen combustible de las tuberías.

El PRI y sus aliados apenas tienen la mayoría en el Senado y se espera que reciban ayuda de conservadores como Gil para aprobar el proyecto de ley. Podría ser aprobado esta semana.

El impulso para aprobar la ley se produce cuando la violencia convulsiona al país. Este año está en camino de ser el más violento ya que esas estadísticas se guardaron por primera vez en 1997.

Los críticos han expresado su preocupación sobre varios aspectos de la ley propuesta. Zeid, jefe de derechos humanos de Estados Unidos, dijo en un comunicado que la medida no contenía controles adecuados y supervisión del ejército mientras estaba involucrado en la aplicación de la ley.

La continua dependencia del gobierno del ejército refleja la pobreza de la policía en México, donde muchas fuerzas carecen de equipo, capacitación y salarios adecuados.

 

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