Corte Constitucional colombiana debe abordar fallas de la JEP

0
60

La Corte Constitucional colombiana debe abordar fallas significativas en el componente de justicia del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Human Rights Watch dijo hoy en un amicus curiae ante el tribunal. El tribunal está listo para revisar un proyecto de ley aprobado el 30 de noviembre de 2017, que detalla cómo operará la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema judicial negociado con las FARC como parte de las conversaciones de paz.

El resumen describe deficiencias en el proyecto de ley que podrían permitir a los criminales de guerra escapar de un castigo significativo. Uno de los problemas es la definición de “responsabilidad del mando”, la base sobre la cual los comandantes militares pueden ser considerados penalmente responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados. Human Rights Watch también solicitó al tribunal que garantice la participación significativa de las víctimas en los procedimientos ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Si bien el proceso de paz es una oportunidad histórica para frenar los abusos en Colombia, su componente de justicia no hace lo suficiente para garantizar la justicia a las víctimas de las serias atrocidades cometidas durante el conflicto armado”, dijo José Miguel Vivanco, director de Derechos Humanos de América Reloj. “La corte tiene la oportunidad de sentar las bases para una rendición de cuentas significativa tanto para los oficiales superiores del ejército como para las guerrillas de las FARC que cometieron crímenes de guerra”.

Las limitaciones que impone la JEP

Human Rights Watch también está preocupado por dos disposiciones en el proyecto de ley que podrían impedir a los defensores de los derechos humanos actuar como jueces en la Jurisdicción Especial para la Paz. Las disposiciones prohíben, entre otros, a personas que, durante los últimos cinco años, “presentaron demandas ante tribunales internacionales de derechos humanos” o “pertenecieron a organizaciones” que trabajaron en casos judiciales “vinculados al conflicto armado”. El Senador Germán Varón, quien propuso ellos, dijeron a los medios que las disposiciones fueron diseñadas para asegurar que los jueces no tengan un “sesgo ideológico”.

“Prohibir a los abogados de derechos humanos convertirse en jueces es una política absurda”, dijo Vivanco. “Lejos de garantizar la imparcialidad judicial, estas disposiciones eliminan a varios candidatos que tienen precisamente el tipo de conocimiento y experiencia necesarios para presidir estos casos”.

DEJA UNA RESPUESTA

¡Por Favor deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre