Corea del Sur se enfrenta a los objetores de conciencia del servicio militar

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Los objetores de conciencia de Corea del Sur van ganando la carrera contra el Estado de Corea del Sur respecto al servicio militar obligatorio.

En junio, el Tribunal Constitucional dictaminó que el gobierno debe proporcionar papeles civiles alternativos para aquellos que declinan tomar las armas, y el 30 de agosto, el Tribunal Supremo de Corea del Sur comenzó las audiencias sobre el asunto por primera vez en 14 años, con aproximadamente unos 900 casos. Se espera un fallo hacia el final del año.

Según la ley actual de Corea del Sur, todos los hombres entre 18 y 35 años estan obligados a cumplir con 21 meses de servicio militar, por su parte el Ministerio de Defensa se ha comprometido que para 2020 se reduzca este tiempo a 18 meses.

Servicio militar y carreras profesionales

Dicha ley ha ido en contra de las carreras profesionales de deportistas y artistas como es el caso de Son Heung-min y la banda Big Band que tuvieron que suspender su calendario de actividades debido al cumplimiento del servicio militar.

Según Amnistía Internacional, la presión económica y social contra los objetores de conciencia son devastadores:

“muchos objetores de conciencia enfrentan desventajas económicas y sociales que duran mucho más allá de su típica cárcel de 18 meses”.

Si bien el Tribunal Constitucional consideró que la actual ley era inconstitucional, no eliminó los antecedentes penales de los condenados ni hizo nada por los más de 200 objetores de conciencia actualmente en prisión.

“Los objetores de conciencia nunca deben ser tratados como delincuentes simplemente por ejercer su derecho humano”, dijo la investigadora de Amnistía Internacional Hiroka Shoji. “La Corte Suprema debe actuar ahora para finalmente reconocer el derecho (los objetores de conciencia) tienen derecho a”.

Sin embargo, muchos surcoreanos conservadores apoyan firmemente el reclutamiento militar. Un proyecto de ley propuesto por los legisladores del partido Liberty Korea este mes obligaría a los objetores a realizar 44 meses, el doble de la duración habitual, de servicios alternativos, incluido el barrido de minas y otras actividades peligrosas.

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