Continúa debate del Ejército mexicano

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El momento es incómodo para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya que se enfrenta a críticas generalizadas sobre la legislación aprobada en la cámara baja y ahora en el Senado que busca consagrar por ley el uso del ejército en la lucha contra el crimen.

El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas pidió el martes a los legisladores mexicanos que no aprueben el proyecto de ley y dijo que México necesitaba una fuerza policial más fuerte.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, dijo que la ley no contiene controles lo suficientemente fuertes para proteger a los civiles de los abusos en México, donde las fuerzas de seguridad y las bandas criminales ejecutan ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones.

“Adoptar un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en materia de seguridad interna no es la respuesta. El proyecto actual de ley corre el riesgo de debilitar los incentivos para que las autoridades civiles asuman plenamente sus funciones policiales”, dijo Zeid en un comunicado.

Los manifestantes bloquearon con éxito la discusión del proyecto de ley durante gran parte del martes, prohibieron los puntos de acceso al Senado y presentaron pancartas de advertencia contra la militarización del país mientras apuntaban a un aumento masivo de asesinatos desde que el presidente Felipe Calderón primero puso al ejército en las calles 2016.

En su campaña presidencial, Peña Nieto prometió desarrollar una nueva gran fuerza policial nacional, pero terminó dependiendo de las fuerzas militares para operaciones de alto perfil.

Los homicidios en México en 2017 están en camino de ser los peores registrados, con 20.878 en todo el país en los primeros 10 meses.

El paso a seguir de los legisladores

Se espera que los legisladores eleven el proyecto de ley a través de comités y luego pongan la medida a votación completa en el pleno del Senado. Los legisladores de la Cámara de Diputados avanzaron rápidamente en el proyecto de ley la semana pasada después de que había languidecido en los comités durante años.

La ley tiene un amplio respaldo del partido gobernante y miembros del opositor Partido de Acción Nacional, quienes dicen que dará reglas claras que limiten el uso de soldados para combatir el crimen.

Sin embargo, los activistas de derechos se preocupan de que la ley abra la puerta a la intervención militar en las protestas, así como la expansión de los poderes militares para espiar a los ciudadanos.

Se opone al partido del candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que tiene solo un puñado de senadores, pero quiere devolver soldados a sus cuarteles a lo largo del tiempo.

Julia Klug, de 65 años, una activista de la ciudad de México que protesta afuera del Senado con “no violencia” escrita en su rostro, dijo que la ley consolidaría el papel de las fuerzas armadas en una lucha con criminales que no eran de ellos para pelear.

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