Congreso hondureño profundiza el autoritarismo al legalizar la corrupción

0
414

Mientras el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, prestó juramento para un segundo mandato el sábado en medio de protestas constantes y gritos de fraude electoral, el presidente sacudido por el escándalo prometió enfrentar la corrupción. Pero miles de manifestantes antigubernamentales que se enfrentan a cuadras de distancia contra la policía local, las fuerzas armadas y la policía militar bajo penachos de gases lacrimógenos vieron el voto como falso.

Para los manifestantes, Hernández ha mantenido un dominio absoluto sobre el poder mediante el fraude electoral y el poderío militar, consolidando lo que critican como una «narcodictadura» que se llena los bolsillos y condena a la mayoría a la miseria en el país más desigual de América Latina.

Marchas generalizadas que denuncian fraude en las elecciones del 26 de noviembre sumieron a Honduras en su peor crisis política desde el golpe militar respaldado por Estados Unidos en el 2009. Semanas de protestas, la más grande del país desde miles de marchas anticorrupción en 2015, se encontraron con una brutal represión militar. Más de 34 personas han muerto, en su mayoría a manos de la policía militar y otras fuerzas estatales, que hasta ahora no han tenido que rendir cuentas. Mientras tanto, los movimientos sociales han denunciado una creciente campaña de intimidación liderada por el estado dirigida a activistas contra el fraude con amenazas, hostigamiento y detenciones.

Medidas de legisladores de Honduras

A medida que la crisis se vuelve marcada por la profundización del autoritarismo, el 18 de enero los legisladores hondureños aprobaron una nueva Ley de Presupuesto para proteger a los políticos corruptos de los procedimientos legales.

La ley impide que la fiscalía investigue casos relacionados con la administración de fondos públicos y protege a los políticos del enjuiciamiento por corrupción que data de hace más de una década.

La legislación incendiaria ha sido vista como un ataque directo a los esfuerzos del movimiento antifraude para desafiar la impunidad entre los políticos hondureños.

La nueva Ley de Presupuesto sigue años de poder estatal cada vez más concentrado e impunidad sistémica. Al excavar el imperio de la ley, un golpe de estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya azotó una era de anarquía generalizada. Muchos hondureños tienen poca confianza en los partidos políticos tradicionales. También entienden que la compra de votos y la corrupción son comunes en el Congreso, prácticas que no solo benefician a los miembros del Congreso personalmente, sino que también impulsan la aprobación de políticas y concesiones de recursos que sirven a la élite económica y venden recursos hondureños al mejor postor.

La independencia de los tribunales también está muy cuestionada. Según un informe de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil en Honduras estiman que las tasas de impunidad por violencia y abusos contra los derechos humanos oscilan entre el 95 y el 98 por ciento. La crisis se resume en el hecho de no llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la resistencia indígena de renombre internacional, Berta Cáceres.

DEJA UNA RESPUESTA

¡Por Favor deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre