Congreso guatemalteco busca otorgar amnistía para crímenes de guerra

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Los miembros del Congreso de Guatemala están llevando a cabo activamente una reforma a la ley de reconciliación nacional del país que proporcionará una amnistía a los oficiales militares condenados o acusados ​​de cometer crímenes de guerra. De ser aprobada, la reforma requeriría la liberación, en un plazo de veinticuatro horas, de más de treinta oficiales militares condenados por cometer atrocidades durante la guerra.

La reforma fue propuesta por primera vez por el congresista Fernando Linares Beltranena, del conservador Partido para el Avance Nacional, y otros miembros del Congreso en 2017. La medida, que el Congreso de Guatemala adoptó en febrero, modifica la ley de Reconciliación Nacional que se aprobó antes de la firma del Acuerdos de paz de 1996. La guerra civil de Guatemala se extendió desde 1960 hasta 1996.

La ley otorgó amnistía a los guerrilleros por delitos contra las fuerzas estatales, así como por otros delitos, excepto tortura, violencia sexual, genocidio y desaparición forzada. Las nuevas reformas darían una amnistía general a aquellos que ya fueron procesados ​​y condenados, o aquellos que ahora están bajo investigación.

Opuestos a los cambios son las familias de las víctimas de la guerra.

Más de 200.000 personas murieron durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala, con otros 45,000 desaparecidos por la fuerza.

Preocupaciones de la propuesta

Sandra Moran, congresista del partido político de izquierda de Guatemala, Bancada Covergenicia, está de acuerdo en que la reforma propuesta sería un revés para la frágil democracia guatemalteca.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos también está preocupado por las reformas propuestas.

«Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la enmienda propuesta a la ley de reconciliación nacional en Guatemala», dijo Robert Palladino, portavoz adjunto del Departamento de Estado, en un comunicado de prensa.

Sin embargo, el gobierno del presidente guatemalteco Jimmy Morales rechazó esta crítica y dijo que «los guatemaltecos deberíamos resolver nuestros problemas».

Los grupos indígenas y las asociaciones de víctimas han presentado medidas cautelares contra la reforma en el Tribunal Constitucional de Guatemala. Una de ellas es en nombre de treinta y seis mujeres Achi Mayas que sufrieron violaciones violentas durante el conflicto armado interno de miembros de los grupos de defensa civil guatemaltecos respaldados por el gobierno en una base militar en la década de 1980.

La comisión también determinó que el 83 por ciento de las víctimas eran indígenas mayas, mientras que el 17 por ciento eran ladinos no indígenas. Como resultado, la comisión concluyó que los actos de genocidio ocurrieron durante la guerra.

Si bien el estado guatemalteco ha recibido críticas en los veintiún años transcurridos desde la firma de los acuerdos de paz por no haber implementado los acuerdos entre la guerrilla de izquierda y el gobierno que puso fin a la guerra, ha hecho esfuerzos para fortalecer un sistema judicial independiente.

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