Colombia aprobó Jurisdicción Especial para la Paz con modificaciones

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El Senado de Colombia aprobó el proyecto de ley que establece los procedimientos para la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, con cambios judiciales.

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La noticia llega semanas después de que el debate sobre el JEP se pospusiera durante semanas después de que el Centro Democrático, fundado por el ex presidente Álvaro Uribe y el partido del presidente electo Ivan Duque, incluyera dos propuestas para modificarlo.

La primera prohíbe que el JEP haga declaraciones o revise pruebas cuando hay una solicitud de extradición para ex guerrilleros o fuerzas de seguridad del estado. El JEP limitará su papel a la verificación de si el crimen fue perpetrado antes o después del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las ex FARC.

La modificación más debatida

El segundo detiene eficazmente todos los procesos judiciales contra las fuerzas de seguridad del estado investigados por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno de Colombia al exigir al Congreso que cree un tribunal especial con nuevos jueces dentro del JEP. La creación de un tribunal exclusivo para juzgar a miembros de la policía y militares requiere una reforma constitucional.

No está claro cuánto tiempo le tomará al Congreso crear el tribunal especial, aunque el próximo gobierno tiene una ventana de 18 meses para aprobar la reforma. Entonces, el Tribunal Constitucional necesitará tiempo para pronunciarse sobre la reforma.

Alfredo Rangel, legislador del Centro Democrático explicó que «lo que proponemos es que para el personal militar que cree que los jueces en el JEP no representan garantías porque son izquierdistas, deben tener la opción de un nuevo tribunal con jueces imparciales».

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuestionó la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Senado. «Veamos qué pasa en la Corte Constitucional, pero estos artículos presentan una grave preocupación constitucional», dijo Santos a la prensa local.

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