Chile abre nuevo caso de tortura durante golpe militar de 1973

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Un tribunal chileno abrió un nuevo caso contra el ex jefe del ejército del país por la presunta tortura de 24 presos políticos tras un golpe militar en 1973, según un documento judicial publicado el pasado jueves 7 de febrero.

El Tribunal de Apelación de la ciudad de La Serena, en el norte de Chile, ordenó la investigación contra el general Juan Emilio Cheyre, de 71 años, y otros ex oficiales militares por supuestamente someter a los detenidos a palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, tortura con agua, colgados, violaciones y agresiones sexuales .

El jueves 7 de febrero se emitió una orden para el arresto de Cheyre y fue puesto bajo custodia poco después, en espera de una audiencia judicial más tarde en el día, dijo a Reuters un portavoz de la fuerza policial de investigación de Chile (PDI).

Alto funcionario del golpe militar

Cheyre, bajo arresto domiciliario por delitos separados, es la figura más importante hasta ahora responsable de los abusos cometidos después de que Augusto Pinochet derrocó al ex presidente chileno Salvador Allende.

En noviembre del año pasado, fue sentenciado a tres años y un día de arresto domiciliario por complicidad en la muerte de 15 personas.

Se desempeñó como asistente del comandante del regimiento de infantería de la ciudad costera de La Serena, a 470 kilómetros al norte de Santiago.

Allí fue testigo del asesinato de 15 personas por parte de compañeros oficiales por orden del famoso comité militar «Caravana de la Muerte» de Chile, que atravesó el país después del golpe, mató y ordenó el asesinato de izquierdistas.

Cheyre avanzó a través de las filas militares, sirviendo como comandante del ejército desde 2002-2006.

Durante la dictadura del fallecido Pinochet, que duró 17 años, unas 3.000 personas murieron por motivos políticos y alrededor de 28.000 fueron torturados, incluida la ex presidenta, Michelle Bachelet, ahora jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Pinochet murió en 2006 bajo arresto domiciliario sin ser procesado por cargos de enriquecimiento ilegal y violaciones de derechos humanos.

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