Centro Democrático propone un referéndum para detener la paz

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La oposición de derecha de Colombia tratará de poner fin a un proceso de paz en curso con los rebeldes extremistas de las FARC al convocar un referéndum nacional, anunció el partido del Centro Democrático.

El año pasado, el mismo partido encabezó una coalición de fuerzas conservadoras que apenas, pero con éxito, derogó el acuerdo de paz con las FARC en un plebiscito nacional.

El partido del controvertido ex presidente Alvaro Uribe finalmente no pudo detener el proceso de paz.

Ahora, mientras el Congreso colombiano está cerrando la votación de una ley para implementar los tribunales de justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz, el partido del Centro Democrático está recogiendo firmas para un referéndum nacional para cambiar la ley y otros aspectos fundamentales del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en La Habana.

«Invitamos a todos a firmar el referéndum», dijo ayer la senadora demócrata Paloma Valencia, para asegurarse de que «estas decisiones [sobre el proceso de paz] no son hechas en La Habana por las FARC y el gobierno corrupto del presidente Juan Manuel Santos».

«Esta es una iniciativa para devolver a los colombianos su confianza en las instituciones», dijo la senadora en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Durante la campaña que llevó al plebiscito el año pasado, el partido del Centro Democrático defendió un discurso político de indignación sobre el hecho de que miembros de las FARC que cometieron crímenes de guerra no pueden ver el interior de una celda de la cárcel.

El acuerdo alcanzado entre las FARC y el gobierno requiere que todos los actores involucrados en el conflicto que cometieron ciertos crímenes confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y garanticen la no repetición. Si los jueces de los tribunales de justicia de transición encuentran que los actores completan voluntariamente esas tareas, pueden condenar a los perpetradores a sanciones alternativas, lo que no incluirá la pena de prisión.

Durante un proceso de paz iniciado por el ex presidente Uribe a mediados de los años 2000 con fuerzas paramilitares ilegales, los testimonios proporcionados al sistema de justicia transicional revelaron en última instancia una inmensa red de vínculos entre políticos y grupos armados ilegales.

 

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