Bloqueo a expulsión de jueces en Perú

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le ha ordenado al Perú que suspenda un proceso actualmente en el Congreso contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional del Perú. La suspensión estará vigente hasta principios de febrero, cuando el caso será escuchado por la CIDH.

La semana pasada, la subcomisión del Congreso sobre Acusaciones Constitucionales recomendó, en un voto de nueve a cinco, que tres jueces fueran suspendidos por 30 días y un cuarto juez fuera despedido y se le prohibiera ocupar cargos públicos por 10 años.

El caso fue presentado al Congreso por un grupo de ex oficiales militares que acusan a los jueces, en términos generales, de cambiar el peso de un voto en una decisión para dictaminar que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos por personal naval durante un motín en la prisión de El Isla Fronton en 1986.

El caso de El Fronton aún se encuentra en los tribunales, y un fallo que dice que se cometieron crímenes de lesa humanidad significa que no hay un plazo de prescripción, mientras que las limitaciones ya habrían expirado si el aplastamiento del motín se considerara un simple delito dentro de una batalla.

Una de las razones clave de la decisión de la CIDH es que el caso de El Frontón continúa y, por lo tanto, el Congreso no puede intervenir.

Acusaciones de abuso de poder

El ex presidente del Tribunal Constitucional, César Landa, dijo que el Congreso está abusando de su poder, ya que no puede intervenir en ninguna institución mientras se esté llevando a cabo un proceso. También señaló que los miembros del Congreso que están promoviendo esta moción podrían enfrentar cargos en violación de la Constitución.

Con nueve votos contra cinco, la comisión del Congreso sobre cargos constitucionales votó a lo largo de las líneas partidarias para destituir a un juez del Tribunal Constitucional y suspender a otros tres jueces durante 30 días.

El presidente del Congreso peruano, Luis Galarreta, dijo que evaluarían la resolución pero que fue «vergonzosa» y mostró «falta de respeto».

Evaluar la resolución no es una opción, según Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal de Perú, quien señaló hoy que, como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Perú tiene la obligación de cumplir con las decisiones de la corte.

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